Otra entidad agropecuaria presentó un pedido de inconstitucionalidad contra las retenciones a las exportaciones, al igual que ya lo hizo la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a la de Jesús María, en la Justicia de Córdoba. Ahora es la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) la que realizó un planteo judicial en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, tras el último incremento del 31% al 33% de las alícuotas a la harina y el aceite de soja, del 29% al 30% al biodiésel.

La abogada de Apronor, Emilia Bartolucci, impulsó esta “declaración de certeza” y de inconstitucionalidad de los derechos de exportación (DEX), bajo el argumento de que las facultades delegadas del Ejecutivo nacional, para fijarlos, vencieron el pasado 31 de diciembre, fecha establecida como límite por la Ley de Solidaridad (27.541). Por eso, al igual que la SRA, esta entidad considera que el Congreso es el único poder que puede legislar en esa materia.

De conseguir una respuesta favorable a su reclamo, avanzarían con un “recurso de repetición” en AFIP para que se devuelva lo retenido desde el 1° de enero de 2022.

En la presentación judicial, desde Apronor señalaron: “Hoy el Poder Ejecutivo no tiene ningún sustento legal que lo habilite al cobro de los derechos de exportación en discusión. No existe ninguna norma del ordenamiento jurídico que avale el cobro de estos tributos”.

Asimismo, aclararon que el Artículo 755 del Código Aduanero, con el cual el oficialismo se ampara en seguir cobrando los DEX, “no habilita al Poder Ejecutivo a cobrar tributos que no han sido creados por una Ley en sentido formal ni tampoco configura un caso de delegación legislativa permitida por la Constitución Nacional, al ser objeto de esa delegación un supuesto que indefectiblemente debe ser tratado por el Congreso de la Nación”.

Por otro lado, los ruralistas plantearon ante la Justicia norteña que los DNU 131/2022 y 132/2022 “son inconstitucionales por violar el principio de legalidad y no responden a un proceso legislativo garantizado por el Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar en materia tributaria, por ende, el cobro de dichos tributos es nulo de nulidad absoluta”.

Al respecto, evaluaron: “Existe un manifiesto estado de incertidumbre que en el caso de autos se relaciona con la aplicación de derechos de exportación sobre operaciones de compraventa de cereales y oleaginosas en virtud de una norma que no se encuentra vigente a la fecha, y que no ha sido prorrogada por el Congreso, respetando el procedimiento que regula la Constitución y bajo la luz del principio de legalidad, rector en materia tributaria; razón por la cual no correspondería el cobro y/o retención en operaciones de compraventa de granos por parte del fisco nacional. Sin embargo, a la fecha se continúan aplicando sin tener un sustento legal y legítimo que los avale”.

Por último, apuntaron que las retenciones han sido usadas a lo largo de la historia como “la caja del Estado, para solventar gastos públicos exorbitantes tales como salarios públicos, subsidios, asignaciones, beneficios sociales, y jubilaciones de privilegio”.

“Los ingresos que provienen de estos tributos jamás en la historia del país han sido utilizados a los fines de promover, fomentar y/o beneficiar a la actividad agropecuaria, tampoco han sido utilizados para obras públicas, viales y portuarias que mejoren dicha actividad. Sin embargo, son los productores quienes tienen que sufrir exacciones absolutamente arbitrarias, desproporcionadas e únicas en el mundo para mantener un Estado deficitario que cada vez aumenta más el gasto público”, finalizaron en su pedido.

Fuente: TN