La Justicia emitió un fallo en el que suspendió los cambios en materia laboral establecidos en el DNU emitido por el gobierno de Javier Milei. De esta manera, las modificaciones propuestas no se emitirán hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La CGT celebró la decisión, mientras que el Poder Ejecutivo expresó su rechazo y adelantó que apelará.

Se trata del Título IV del Decreto de Necesidad y Urgencia, que abarca los artículos 53 a 97 inclusive.

Cuáles son los principales puntos de la reforma laboral incluida en el DNU

Uno de los principales cambios que introducía el DNU en materia laboral es sobre las licencias por embarazo, maternidad y paternidad. En el primer caso, abarcaba los 45 días previos al parto hasta los 45 días posteriores, aunque daba la opción de reducir de forma voluntaria la licencia preparto hasta 10 días.

Los cambios en la indemnización

Otro de los puntos que tocaba el DNU era sobre los cálculos indemnizatorios. Para los despidos sin causa justa, indicaba que el trabajador debía recibir el pago equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado, o por cualquier fracción superior a los tres meses, tomando como base su mejor remuneración mensual del año, y excluyendo el aguinaldo y los pagos semestrales o anuales.

Para los empleados con sueldos a comisión o remuneraciones variables, se debía pagar el promedio de los seis meses previos, eligiendo el período más beneficioso, aunque con un límite del triple del promedio mensual de todas las remuneraciones incluidas en el convenio colectivo.

El DNU establecía la posibilidad de sustituir el sistema de indemnización tradicional por un fondo que incluya el 8% de la remuneración, financiado por el empleador.

Mientras que en todos los casos, si un empleado que recibía la indemnización era reincorporado, se le descontaría este monto gradualmente de su sueldo, ajustado por inflación.

Los cambios en el sistema de huelga

Con respecto al derecho a huelga, el DNU establecía una serie de servicios considerados esenciales, que debían cumplir con un 75% de prestación, así como las “actividades de importancia trascendental”, que serían obligadas a dar un 50% del servicio.