El gobierno nacional formalizó la eliminación de los giros que la Anses realizaba hasta el año pasado para completar el financiamiento del Instituto de Previsión Social, que tiene a su cargo las jubilaciones de docentes y empleados de la administración pública provincial, mientras el gobierno de Axel Kicillof evalúa el impacto de la medida.

La decisión de Milei no afecta solo a la provincia de Buenos Aires, sino a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias optaron por ese mecanismo durante el gobierno de Mauricio Macri, que de ese modo hizo caer la “armonización” que rigió durante las administraciones kirchneristas.

Desde 2023 se estableció que la actualización estaría en relación con la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió. Cuando llegó Milei al gobierno directamente suprimió de hecho las transferencias a las provincias por este concepto, con lo que se dejó de cumplir con una obligación regulada por ley.

El miércoles, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema. De modo que el recorte de los fondos para financiar a las cajas provinciales quedó oficializado.

En el gobierno de Kicillof le dijeron a DIB que están evaluando el impacto concreto del cambio de situación para afinar una respuesta. No descartaron en ese marco una presentación judicial, una eventualidad que, según trascendió, también barajan otras provincias.

Aunque aún no hay precisiones sobre el monto de deuda acumulado con Buenos Aires, sí se supo que cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias: eran US$ 5.600 millones. Pero la propuesta no fue aceptada por Milei.

El DBU llegó además en un momento crítico desde el punto de vista político: la semana próxima está prevista una nueva reunión del presidente con los gobernadores.  Parte de ellos habían puesto la cuestión del financiamiento de las bajas jubilatorias como un tema prioritario al comienzo de la gestión del Milei.

Además de a Buenos Aires, la decisión golpea a Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.