En las últimas semanas, la ministra Patricia Bullrich anunció un ambicioso proyecto para reformular el sistema carcelario y terminar no solo con la superpoblación, sino además saldar una deuda que tiene que ver con el costo que implica mantener a miles de presos a diario.
“Estamos planificando la construcción de dos cárceles privadas, que están ya en proceso de comienzo de licitación”, declaró la ministra de seguridad durante un acto del gobierno porteño.
Fuentes del Servicio Penitenciario Federal explicaron a TN que una de esas cárceles estará ubicada en Ezeiza, con una capacidad proyectada para 3200 internos, mientras que la segunda será construida en la zona del litoral, para 1800 reclusos.
En cuanto al modelo de gestión de iniciativa privada propuesto para estas cárceles, una de las fuentes aseguró que difiere del sistema de privatización total adoptado en Estados Unidos, donde las empresas tienen control absoluto sobre las instalaciones penitenciarias.
En la Argentina, la propuesta plantea una gestión mixta en la que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mantendría la vigilancia y la seguridad directa de los presos, mientras que las empresas privadas se encargarían de invertir en la construcción, mantenimiento, servicios médicos, alimentación, higiene y tratamiento de residuos.
A su vez, el sector privado se haría responsable de la administración de estas cárceles y del proceso de resocialización de los internos.
Uno de los aspectos más innovadores de esta propuesta es que las empresas pondrán el dinero para invertir en la construcción y en mantener los penales, pero el Estado pagaría un monto por cada preso alojado en estas prisiones. “Pasaríamos a ser un usuario de esa empresa prestataria que tendría a cargo una especie de concesión”, explicó la misma fuente.
Sin embargo, puntualizó que los informes sobre el comportamiento de los presos, que influyen en el otorgamiento de beneficios judiciales, seguirán bajo la supervisión y firma del SPF.
Este modelo ya fue utilizado en otros países de la región como Chile, Brasil y Uruguay, cada uno con sus propias particularidades. En todos estos casos, la colaboración público-privada generó debates sobre la efectividad y ética de privatizar parte del sistema penitenciario.
Las empresas que participan en estos contratos buscan recuperar su inversión y obtener ganancias a través de la construcción y la gestión de los servicios, lo que plantea preguntas sobre la calidad y humanidad del trato a los internos.
No es ninguna novedad que el sistema penitenciario argentino enfrenta actualmente graves problemas, incluyendo sobrecostos en la alimentación y mantenimiento de los reclusos, y condiciones inadecuadas en algunas instalaciones, como la contaminación del agua en Marcos Paz, una denuncia que hizo el Gobierno en los últimos meses.
En este contexto, el nuevo proyecto busca reducir estos costos y mejorar las condiciones de vida de los internos, así como también delegar parte del control a un privado.
