El Gobierno nacional formalizó la extensión del esquema de retenciones más bajas para el trigo y la cebada, mientras que, por el momento, vuelven a aplicarse los niveles previos de derechos de exportación sobre soja, maíz, girasol y sorgo al campo. La decisión fue oficializada mediante el decreto 439/2025.
Este último contó con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. El texto legal establece que las tasas del 9,5% para la exportación de trigo y cebada se mantendrán sin cambios hasta el 31 de marzo de 2026, tal como había anticipado Caputo semanas atrás.
Retenciones: al menos 90% de las divisas generadas en 30 días hábiles
Además, se establece que los exportadores deberán ingresar al menos el 90% de las divisas generadas —por ventas externas, anticipos o financiamiento internacional— dentro de un plazo máximo de treinta días hábiles desde la presentación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE).
El texto del decreto indica que, una vez vencido el plazo mencionado previamente —o si no se cumple lo estipulado—, se deberá abonar el porcentaje correspondiente al derecho de exportación aplicable a la posición arancelaria vigente al día anterior a la entrada en vigor del Decreto N° 38/25.
No obstante, la norma no especifica qué ocurrirá con el resto de los cultivos. Por lo tanto, si no se publica un nuevo decreto este lunes, se aplicarán aumentos: la soja pasará del 26 al 33%, el maíz y el sorgo subirán del 9,5 al 12%, y el girasol volverá a tributar un 7%, en lugar del 5,5% actual.
“Como resultado del desempeño de las medidas adoptadas, es necesario prorrogar el mencionado plazo únicamente para los productos listados en el Anexo a la presente medida, con el objetivo de seguir garantizando la eficacia en su exportación”, argumentó el Gobierno en el documento.
La advertencia del campo
Desde la entidad Confederaciones Rurales Argentinas advirtieron que la reimplantación de las retenciones sobre los granos ocurre en un escenario de gran dificultad para el sector agropecuario. Además, subrayaron que los derechos de exportación no constituyen un mecanismo eficiente para generar ingresos fiscales y que, por el contrario, impactan de manera desigual y perjudicial sobre toda la cadena productiva.
“Las retenciones están provocando consecuencias regresivas para toda la cadena de valor agroindustrial, entre las que destacamos: desincentivo a la inversión en tecnología, infraestructura y mejoras productivas; reducción de los niveles de producción y competitividad, que dejaría a algunos productores fuera de su actividad; pérdida de empleos directos e indirectos, especialmente en el interior del país, y caída en la recaudación fiscal por la menor actividad económica del sector”, puntualizó la entidad.
Que se tomen “las medidas apropiadas para corregir esta desigualdad”
La organización que nuclea a las cooperativas del agro exigió una respuesta urgente del Estado: “Estamos solicitando al Gobierno Nacional que, con la premura que requieren los tiempos, se tomen las medidas apropiadas para corregir esta desigualdad que va a generar la caída de la rebaja en dichos DEX”.
Coninagro evitó adentrarse en discusiones técnicas o porcentuales sobre la presión impositiva, pero hizo hincapié en la importancia de contar con un marco estable. “Quienes formamos parte del campo solo deseamos tener la libertad y rentabilidad necesaria para llevar adelante nuestros procesos productivos. Para eso solo necesitamos la certeza de poder tener reglas lo suficientemente claras y duraderas, para lograr la previsibilidad que requerimos como productores agropecuarios”, expresaron.
