El Gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso de la Nación rechazara el veto presidencial y ratificara la sanción original. Sin embargo, la aplicación de la norma quedó suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, en el que la administración libertaria advirtió por el impacto fiscal que la aplicación inmediata de la ley tendría en las cuentas públicas y resolvió frenar su entrada en vigencia hasta que las Cámaras parlamentarias definan los recursos necesarios.
Es que, el cálculo oficial estima que la nueva pensión por discapacidad implicaría un gasto de $2,1 billones en 2025, equivalente al 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI), y de $4,7 billones en 2026, que representan el 0,47% del PBI. A ese monto se suma el costo del programa Incluir Salud, que otorgaría cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, con erogaciones de $574.200 millones para este año y $1,2 billones en 2026.
En ese marco, el decreto también detalla que la compensación económica de emergencia a prestadores alcanzaría los $278.323 millones, es decir, un 0,03% del PBI. En total, la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario superior a los $3 billones, lo que equivale al 0,35% del producto bruto.
El Ejecutivo fundamentó su decisión en el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que obliga a especificar las fuentes de financiamiento de todo gasto no previsto en el presupuesto, y en el artículo 5 de la Ley 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución Presupuestaria. En ese sentido, la actual conducción nacional sostuvo que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones” que plantea la Ley 27.793.
Además, el texto oficial agregó que la facultad del jefe de Gabinete para reasignar partidas no constituye “una fuente concreta, específica, actual y suficiente” e incluso advirtió que, si se destinaran todas las partidas disponibles de los tres poderes del Estado, los fondos serían insuficientes para cubrir las obligaciones que fija la emergencia.
Vale recordar que el presidente Javier Milei ya había vetado la norma mediante el Decreto 534/25, antes de su ratificación en las dos Cámaras, bajo el argumento de que “resultaba imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”.
En la misma línea, Guillermo Francos echó más leña al fuego con duros cuestionamientos sobre la viabilidad presupuestaria de la norma. “Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que el Congreso, cuando sanciona una ley, debe establecer de dónde salen los recursos”, sostuvo el funcionario, y buscó deslindar de responsabilidades a la Jefatura de Gabinete.
En qué consiste la Ley de Emergencia en Discapacidad
Además de prorrogar hasta diciembre de 2026 la Emergencia en Discapacidad, la Ley en cuestión también establece la regularización de pagos, como así también la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, al que declara de interés público nacional.
