La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) alertó por el impacto del proyecto de la diputada bonaerense de Unión por la Patria (UxP), Ayelén Rasquetti, que pretende obligar a las petroleras a informar con anticipación cualquier suba de combustibles.
La entidad, que nuclea a las cámaras del sector en todo el país, manifestó su “firme rechazo” a la iniciativa y advirtió que podría provocar desabastecimiento y distorsiones en el mercado. “El anuncio previo de aumentos induce un comportamiento especulativo de la demanda y genera quiebres de stock”, plantearon desde la confederación.
Es que, el proyecto de Rasquetti, integrante del Frente Renovador, cuenta con dictamen de mayoría en la comisión de Servicios Públicos, y avanza hacia su tratamiento en Legislación General. En ese sentido, la diputada oficialista sostuvo que la iniciativa busca “garantizar la transparencia en la comunicación de precios” y “devolver previsibilidad frente a un mercado dominado por las petroleras”.
La iniciativa en cuestión propone que las petroleras y las empresas abastecedoras informen toda modificación de precios con 72 horas de anticipación, y que las estaciones de servicio publiciten los cambios con 48 horas previas a su entrada en vigencia. Además, el proyecto fija multas de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper —entre $7,2 millones y $215 millones— e incluso prevé la suspensión de la habilitación comercial en caso de reincidencia.
En tanto, la postura crítica de CECHA se sumó a la de la Asociación de Estaciones de Servicio Qué, que ya había expresado su “preocupación” por los efectos que la medida podría generar sobre la operatoria diaria de las petroleras nacionales. En ese marco, las organizaciones reclamaron a la Legislatura bonaerense que “reconsidere el impacto negativo” del proyecto sobre la actividad y el abastecimiento de combustibles.
Por su parte, la diputada Rasquetti cuestionó a las petroleras que “pretenden frenar la iniciativa mediante presiones y lobby” y defendió el alcance de su proyecto. “Resulta preocupante que algunas compañías se nieguen a brindar información básica sobre los aumentos de precios. Su resistencia a la transparencia muestra un intento de conservar privilegios a costa del bolsillo de los usuarios”, sostuvo la legisladora.
Vale precisar que el rechazo de CECHA se suma a los pronunciamientos que las petroleras y algunas cámaras empresarias habían realizado días atrás. En ese contexto, la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) anticipó que la obligación de anticipar los aumentos podría derivar en “picos de demanda que lleven inexorablemente al desabastecimiento”, tal como ocurrió en el 2023.
En paralelo, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) expresó su preocupación por el impacto del proyecto sobre la competencia y el funcionamiento del mercado. En un comunicado firmado por Mariano Mayo y Alejandro Gentile, la entidad advirtió que “la uniformidad informativa anticipada afecta la dinámica del mercado, provoca aumentos repentinos de la demanda y puede derivar en quiebres de stock”.
En ese sentido, los representantes del sector remarcaron que los consumidores ya disponen de información visible y actualizada tanto en surtidores como en plataformas digitales, por lo que calificaron como “innecesario y riesgoso” imponer anuncios obligatorios con varios días de anticipación.
Frente a este escenario, mientras la propuesta de Rasquetti avanza en la Legislatura bonaerense, las petroleras, las cámaras empresarias y los estacioneros profundizan su rechazo, en un contexto atravesado por la tensión entre la regulación estatal y los intereses del sector energético.
