El futuro de la jueza Julieta Makintach tendrá definición hoy cuando el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense dé a conocer el veredicto del proceso disciplinario en su contra, iniciado a partir del escándalo por su participación en un proyecto documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La audiencia se realizará a partir de las 10 en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia, en La Plata.
Suspendida desde hace meses, apartada también de su cátedra en la Universidad Austral y afrontando una causa penal en San Isidro, Makintach llega al jury con una renuncia presentada ante el gobernador Axel Kicillof que aún no fue respondida. Sin embargo, su postura pública ya es contundente: “A la Justicia no quiero volver más”, afirmó en su descargo final.
El proceso, que no es penal sino disciplinario, contempla cuatro escenarios posibles: su destitución del cargo; su absolución, con lo cual podría retomar funciones; la imposición de una sanción menor; o la continuidad de la suspensión provisional que pesa sobre ella. La definición estará a cargo de un cuerpo integrado por cinco legisladores-abogados -Ariel Martínez Bordaisco, Sergio Raúl Vargas, Abigail Gómez, Maite Alvado y Guillermo Castello- y cinco conjueces provenientes de distintos departamentos judiciales de la provincia.
Makintach llegó al centro de la tormenta cuando se difundieron imágenes de un documental titulado “Justicia Divina”. Allí se la veía conduciendo hasta los tribunales de San Isidro, ofreciendo una entrevista en su despacho y siendo filmada dentro de la sala donde se desarrollaban las audiencias del juicio por la muerte de Maradona. La difusión del tráiler, a fines de mayo, llevó a la anulación del debate oral, que deberá reanudarse el próximo 17 de marzo ante un nuevo tribunal.
Durante las audiencias del jury, la fiscal general de Necochea Analía Duarte -en representación de la Procuración bonaerense- pidió la destitución y la inhabilitación de por vida. Sostuvo que la magistrada “mintió, presionó, manipuló y abusó del poder”, y que utilizó recursos del Estado “para un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”. Aseguró además que todos los extremos de la acusación quedaron “probados”.
El Colegio de Abogados de San Isidro, que también interviene como acusador, fue igualmente categórico. Su titular, Guillermo Sagués, acusó a la jueza de mentir “ante sus pares y ante este jurado” y de haber calificado como delincuentes a los integrantes del Tribunal Oral N° 3 para justificar su accionar. Otro de los abogados acusadores, Rodolfo Baqué, fue más allá: “Un juez que pierde la confianza de su cliente -el pueblo- debe ser destituido”.
Esta entrada ha sido publicada el 18 de noviembre, 2025 07:41
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