El juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó este martes una medida cautelar contra el programa Incluir Salud del Ministerio de Salud y el PAMI. La medida ordenó normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.
El fallo judicial llegó a modo de respuesta de un amparo colectivo con alcance nacional que regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. La medida fue impulsada por el colectivo Defendamos Córdoba, junto a otras instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.
La denuncia de los demandantes sostiene que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, por lo que las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se ven interrumpidas y los medicamentos dejan de entregarse.
En ese contexto, Vaca Narvaja instó al Pami y al Ministerio de Salud a cumplir con los pagos, “evitando dilaciones, suspensiones e interrupciones, debiendo a tal fin arbitrar todas las medidas que resulten necesarias para su cumplimiento, bajo apercibimiento”.
Los argumentos del juez para ordenar el pago a los prestadores
Para fundamentar su decisión, el juez tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre había declarado inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.
A su vez, Vaca Narvaja advirtió en su resolución que las “demoras crónicas” y la interrupción en la entrega de medicamentos implican un “riesgo inminente” para quienes deben recibir esas prestaciones.
Para ejemplificar el caso, el fallo recoge la situación del Pequeño Cottolengo Don Orione, que denunció que las demoras en los pagos del Estado le generaron deudas de $41.556.675,86 en intereses al fisco durante 2026, sumados a $14.429.407 pagados en 2025, además de la interrupción en la entrega de medicamentos en febrero, marzo y abril.
Las explicaciones del Gobierno por las demoras
En su resolución, el juez recoge un informe del programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación respecto a las demoras en los pagos a prestadores. Allí, la cartera que conduce Mario Lugones argumentó que la falta de pagos responden a “un proceso de reordenamiento estructural del área orientado a corregir desvíos acumulados y garantizar su sostenibilidad, como consecuencia de los resultados de la intervención del organismo”.
En ese sentido, el reporte sostiene que “la transferencia del Programa al ámbito del Ministerio de Salud de la Nación implicó la incorporación a los estándares de gestión propios de la Administración Pública Nacional centralizada, generando demoras en la etapa inicial de tramitación de los pagos”.
“No obstante, dichas demoras no obedecen a una reducción de la cobertura ni a una desatención de las personas con discapacidad, hallándose en pleno proceso de regularización…”, agrega.
Fuente: TN
