La triple A en Bahía Blanca comenzó a funcionar a principios de 1974 bajo la dirección de Rodolfo Ponce (Secretario General del gremio URGARA, luego Secretario General de la CGT local y diputado nacional por el FREJULI) y Remus Tetu (rumano nazi interventor de la UNS y la Universidad del Comahue 1974/1975). La población bahiense los conocía indistintamente por “la patota de Ponce”, “la patota de Remus Tetu” o “La Triple A”. Se movilizaban en un Fiat 125 azul, que la gente apodaba “La fiambrera” y en un Dodge Polara verde, vehículos pertenecientes a la CGT local. También usaban todos los vehículos de la Universidad Nacional del Sur, ya que 22 de sus integrantes fueron “contratados” por la misma como personal de vigilancia. Se hacían visibles para todes, ya que circulaban lentamente en sus autos, con los brazos fuera de la ventanilla y armados. Frecuentaban bares, restaurants, wiskerías y prostíbulos de White, entre los que podemos mencionar a Rancho X; Maxims, El Rincón de Ramoncito, Restaurant Víctor, etc , los pasillos de la UNS, de las escuelas Medias, de la UTN, la intervención por la fuerza de distintos sindicatos, la irrupción en actos públicos políticos y del propio Consejo Deliberante ya que su principal intención era hacerse visibles para aterrorizar a toda la población.
Durante los casi dos años de actuación en Bahía Blanca, cometieron alrededor de 40 homicidios, de los cuales 24 fueron llevados a este juicio de LA TRIPLE A, amén de innumerables atentados con bombas, incendios, robos, privaciones ilegales de la libertad, daños y lesiones.
Actuaban con la complicidad de la justicia, que rápidamente archivaba las causas de los homicidios e iniciaba causas contra los denunciantes que eran detenidos por haber violado la ley 20840 (ley antisubversiva). Con la complicidad de las policías (federales y provinciales) y de las FF.AA. que no solamente les proveían la inteligencia para marcar los blancos a “eliminar”, sino que también les proveían el armamento y liberaban zonas. Asimismo, contaban con la complicidad de le prensa local (La Nueva Provincia) a través del ocultamiento de la verdad de lo que estaba pasando, alentando distintas acciones que llevaban a cabo y, como dijeron varios testigos, “prediciendo lo que iba a suceder.
Es un juicio de lesa humanidad en su especificidad de genocidio porque esta banda criminal no hubiese podido funcionar sin la complicidad del Estado. Es más cuando el Estado les deja de dar su apoyo, sobre fines de 1975, la TRIPLE A desaparece. Algunos de sus integrantes pasaron a formar parte de la guardia personal de Vilas o del batallón de inteligencia 181. Esto fue ampliamente probado en el juicio por los archivos de la ex DIPBA, por los expedientes de la época de las víctimas, y por testigos que vieron a los cuatro imputados del juicio que se está desarrollando (Aceituno, Pallero, Curzio y Forcelli) en distintas acciones, armados y formando parte de esta organización criminal. Además, estos cuatro imputados formaban parte del personal que contrató Tetu como guardia pretoriana de la UNS.
Asimismo, la asociación ilícita está probada por el solo echo de pertenecer a esa agrupación criminal que no tenía otro objetivo que la eliminación de la izquierda peronista y de las organizaciones marxistas y troskistas. En ese sentido, nosotros vemos que tuvo tres líneas principales (las mismas seguidas por la dictadura) que eran por un lado las universidades, los sindicatos y la Iglesia de los curas por el tercer mundo.
Los cuatro imputados están acusados de Asociación ilícita y sólo un caso el de Aceituno de homicidio por ser uno de los tres (los otros eran Argibay padre e hijo) que asesinaron a Watu en la UNS.
En cuanto al desarrollo del juicio, teniendo en cuenta que he participado de todos los juicios de lesa en la ciudad, debo decir que lo que más me llamó la atención fue el “terror” de muchos testigos a declarar, que, a mi entender, puede tener que ver con que ninguno de los cuatro imputados estaba preso (uno con domiciliaria y 3 en libertad). Pero también en que estos civiles siguieron, en su mayoría, viviendo en los mismos lugares. Y todos sabían las cosas que hacían, y que, durante años, no pasó al respecto. Ellos iban a lugares públicos donde eran bien recibidos. Todo eso llevó al descreimiento total en la justicia. Es más, tuvimos un testigo que dijo que si la justicia lo protegía iba a declarar, porque recordó que un año después de haber declarado en la fiscalía le habían incendiado la casa y lo había golpeado en la calle un grupo de personas en los que le pareció ver a uno de los imputados.
Por mi parte, entiendo el miedo de los testigos, tiendo en cuenta que al juicio fueron a declarar a favor de los imputados el presidente y vicepresidente del PJ y manifiestan no saber que era la triple A. Y de Ponce dijeron que era un diputado y de López Rega que era un ministro.
Traté de hacer hincapié en mi alegato que los hechos que estábamos investigando no eran sucesos históricos de hace 47 años, que no pueden volver a suceder en la historia argentina y llamé la atención sobre las múltiples denuncias que hay en la actualidad de armados de causas a opositores políticos, de la inteligencia que se hizo desde la AFI a opositores políticos entre los cuales están mis patrocinados HIJOS BAHÍA BLANCA, de la complicidad de la justicia -especialmente la federal- y del rol nefasto de algunos medios masivos de comunicación ocultando la verdad, mintiendo o adelantándose a los hechos.
Mónica Graciela Fernández Avello es abogada querellante de HIJOS Bahía Blanca
