El Gobierno anunció este viernes el inicio de la privatización de Aysa, la empresa a cargo del agua potable y las cloacas del AMBA. Así avanza, a paso lento, con el capítulo dos de la Ley Bases, sancionada hace un año y que incluía a ocho empresas. De ese total aún quedan tres firmas privatizables sobre las que no hubo detalles acerca de los planes oficiales.
En estos 12 meses, el Gobierno abrió los procesos para desprenderse de cinco de las seis empresas sujetas a privatización total por esa ley. Esas son Belgrano Cargas, Corredores Viales,Intercargo, Energía Argentina (Enarsa) y Aysa.
De ese grupo, solo queda, al menos hacer el anuncio del inicio del proceso, con la Sociedad Operadora Ferroviaria(SOFSE), más conocida como Trenes Argentinos, que gestiona los ferrocarriles de pasajeros de corta y larga distancia de todo el país.
Las condiciones en que está hoy el servicio hacen que el proceso de pase a manos privadas sea más complejo. En ese sentido, el sector ferroviario está con la emergencia declarada y el Estado priorizó distintas obras en los ramales de los trenes suburbanos para garantizar condiciones mínimas de operabilidad.
En la mira del Gobierno hay otras dos empresas: Nucleoeléctrica Argentina (NASA) -que opera las tres centrales nucleares del país- y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). La Ley Bases autorizó su privatización “parcial”, por lo que el Estado tiene que mantener participación mayoritaria.
En esas compañías, el modelo que estudia el Ejecutivo pasa por abrir el capital al mercado, aunque también es un proceso lento, dado que deben darse cambios en los estatutos y distintos pasos para poder poner en venta las acciones.
La privatización es una de las banderas de Javier Milei. Al inicio de su gobierno intentó que el Congreso le aprobara el pase a manos privadas de más de 40 compañías. Finalmente, en la Ley Bases quedaron ocho y endos de ellas solo se permite una privatización parcial.
Sin embargo, el propio Milei suele insistir en que las empresas deben estar en manos de los privados y no del Estado, con lo que verá si es conveniente avanzar con otras firmas hasta ahora vedadas por el Congreso. Así lo expuso cuando le preguntaron hace unas semanas por los resultados positivos de Aerolíneas Argentinas.
En ese marco, tanto para las firmas privatizables por la Ley Bases como para las que están en condiciones de ser concesionadas por contratos vencidos (rutas y represas hidroeléctricas, principalmente), no se esperan demasiados avances, al menos hasta después de las elecciones.
Además, recién para mediados de noviembre, se estima que el Gobierno presente una “hoja de ruta” de las privatizaciones y concesiones a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esos planes fueron incluidos en el acuerdo con el FMI.
Fuera del marco legal de la Ley Bases, están las empresas concesionadas por el Estado a las que se vencieron los contratos. En ese grupo, como informó TN, está la ruta del Mercosur, para la que ya se lanzó el llamado a licitación nacional e internacional y se espera conocer las ofertas para principios de agosto.
Además, están las concesiones de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, por las que el ministro Luis Caputo calculó ingresarán divisas por unos US$500 millones. Incluso, el ministro dijo que esas operaciones serán fundamentales pata que el Tesoro sume dólares a las reservas del BCRA.
Los plazos de esos contratos vencieron y el Gobierno busca nuevos operadores, aunque tensiones con los gobiernos de Neuquén y Río Negro (donde están las represas) demoraron el proceso que se esperaba estuviera listo para licitar antes de mitad de año.
A las cuatro represas del Comahue, se suman otras dos hidroeléctricas, una en Mendoza y la otra en Chubut, cuyos contratos caducaron este año y fueron prorrogados hasta fines de agosto en camino hacia una nueva concesión. (TN)
Esta entrada ha sido publicada el 19 de julio, 2025 09:03
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