A más de un año de haber iniciado reclamos judiciales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires volverá a presentar un pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de destrabar las causas iniciadas por las deudas que mantiene el Estado nacional con la administración de Axel Kicillof.
Es que, el reclamo del gobernador que integra la alianza Fuerza Patria, principal opositora de La Libertad Avanza, incluye más de $12,1 billones que la administración de Javier Milei retuvo o dejó de transferir, y que corresponden a compromisos legales en áreas clave como seguridad social, infraestructura y programas sociales.
La presentación será encabezada por la Fiscalía de Estado bonaerense, que pedirá al máximo tribunal que se expida sobre su competencia para intervenir en la causa y que convoque a una audiencia entre las partes, tal como se hizo con Córdoba y Santa Fe. La demanda específica más reciente, iniciada en abril de 2024, refiere a una deuda previsional de $1,6 billones correspondiente a transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para sostener la caja jubilatoria provincial.
En paralelo a la vía judicial, el Gobierno bonaerense denunció la paralización de obras públicas nacionales en los 135 municipios del territorio, lo que representa el mayor componente del total adeudado. De los $12,1 billones reclamados, $6,9 billones se corresponden con proyectos frenados en rutas, viviendas, hospitales y otras infraestructuras comprometidas por Nación pero sin avance desde diciembre de 2023.
En tanto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, explicó que las causas iniciadas por otras provincias sí tuvieron movimientos en la Corte Suprema, mientras que las realizadas por la administración de Kicillof permanecen estancadas. “Queremos que se nos dé el mismo trato y que se avance en la causa, porque el perjuicio para la provincia es enorme”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa en La Plata.
A su turno, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, cuestionó duramente al gobierno de Milei por discontinuar el envío de fondos para obras ya iniciadas, y señaló que “en un año y medio destruyó toda la inversión en infraestructura”. “Son 600 días sin obra pública nacional, lo que implica no solo un deterioro físico sino también social y económico”, advirtió.
Según detalló Katopodis, muchas de las obras frenadas estaban avanzadas entre un 70% y un 80%, y el impacto de su paralización incluye pérdida de empleo, reducción del consumo y riesgos para la seguridad vial. En ese sentido, señaló que la falta de mantenimiento y continuidad de los proyectos provocará un gasto futuro mucho mayor: “Lo que se deja de hacer hoy en conservación nos obligará a invertir diez veces más para reconstruirlo”.
Además de las obras y los fondos previsionales, la deuda incluye $2,2 billones por la interrupción o demora de programas nacionales como el Fondo de Incentivo Docente (FONID), Potenciar Trabajo, asistencia alimentaria, subsidios al transporte y programas de medicamentos, recursos que tenían destino social y afectación específica, por lo que su ausencia profundiza los problemas en los sectores más vulnerables.
“Estamos ante una gestión nacional morosa que castiga a los bonaerenses por motivos políticos”, concluyó Bianco, quien advirtió que el gobierno provincial agotará las vías institucionales para que la Nación cumpla con lo que por ley debe transferir.
La deuda de Nación con la Provincia afecta a todos los sectores y se mete en la discusión electoral
En paralelo al nuevo pedido judicial, la Provincia presentó un informe detallado con el desglose de los $12,1 billones que el gobierno nacional adeuda. El documento elaborado por el Ministerio de Gobierno bonaerense muestra que $3 billones corresponden a deudas directas, principalmente transferencias previsionales, fondos de salud y educación, y convenios incumplidos.
El segundo componente es el más voluminoso, ya que la deuda asciende a $6,9 billones en obras públicas paralizadas. Aquí se incluyen proyectos habitacionales como Procrear, Casa Propia y Reconstruir, obras sanitarias, convenios tripartitos con municipios y Nación, infraestructura educativa y universitaria, y el Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU).
El tercer bloque reúne $2,2 billones por la discontinuidad de programas nacionales, entre los que se destacan el FONID, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, subsidios al transporte público, asistencia a comedores, medicamentos post-trasplante, emergencia climática y programas de asistencia económica a sectores vulnerables.
Durante la conferencia, Katopodis fue contundente al señalar que el Ejecutivo nacional “se está quedando con plata que tiene un destino asignado por ley y que es de los bonaerenses”, al tiempo que acusó al Gobierno de utilizar esos recursos para sostener un “superávit trucho” con fines propagandísticos, mientras las provincias enfrentan recortes que afectan directamente a su funcionamiento.
