El municipio de Azul demandó en la Justicia al Gobierno nacional por el mal estado de la ruta 3, una de las vías troncales de la Argentina y que une Buenos Aires con Ushuaia, en Tierra del Fuego, en un trayecto de más de 3000 kilómetros.
La presentación fue realizada por el intendente Nelson Sombra y por el abogado Roberto Dávila, subsecretario Legal y Técnico de la comuna. Dadas las condiciones de abandono de la ruta, se promovió una acción de amparo y el pedido de una medida cautelar.
“Se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada y un potencial daño permanente de que se repliquen los accidentes”, destaca el escrito, según consignó el diario El Tiempo de Azul.
La presentación se realizó ante el Juzgado Federal número 2 de Azul y se remarca en escrito que la “inacción de las demandadas es de público y notorio conocimiento, ya que basta con circular por la vía para advertir la falta de mantenimiento y los problemas que presenta en la seguridad para circular”.
“La situación de emergencia que se presenta ha sido reconocida en diferentes oportunidades y ámbitos”, se puntualiza en la demanda judicial, al tiempo que se afirma que “el mantenimiento de la vía corresponde indudablemente de manera exclusiva y excluyente al Estado Nacional que oportunamente lo concesionó” a Corredores Viales
En ese marco, “se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada”, por lo que se pretende que “las demandadas reasuman sus obligaciones y de manera urgente realicen las medidas necesarias de mantenimiento y seguridad”.
Reclamo de vecinos por el mal estado de la ruta 3
Cabe destacar que vecinos autoconvocados de Azul y de otros distritos como Olavarría y Tandil vienen realizando banderazos para reclamar por el mal estado de las rutas nacionales y exigir la reactivación de obras paralizadas por el Gobierno de Javier Milei.
La solicitud para transformar a la ruta 3 en autovía lleva años de lucha y tiene como objetivo lograr una medida estructural y definitiva para reducir los siniestros viales y las muertes en ese corredor.
En las últimas décadas se sucedieron anuncios y licitaciones, pero gran parte de las obras quedaron inconclusas o directamente no se iniciaron. Las demoras, atribuidas a cambios de gobierno, falta de financiamiento o problemas contractuales, son parte del malestar que desemboca en este tipo de acciones colectivas.
