Un allanamiento realizado este martes por la mañana en una vivienda de calle Segunda Fragata Sarmiento al 3500, en Bahía Blanca, terminó con el secuestro de una notebook y tres celulares, en el marco de una investigación por picadas clandestinas. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías Nº2, a cargo del Dr. Guillermo Mercuri, con intervención de la UFIJ Nº7, dirigida por la fiscal Marina Lara.
El operativo —llevado adelante por personal del GTO de la Comisaría Séptima, el GAD y Motorizada UPPL— se concretó a las 6.30, luego de tareas investigativas y análisis de material fílmico y publicaciones en redes sociales. El imputado es Luis Óscar González, de 23 años, señalado en la causa caratulada Propagación de prueba y destreza de velocidad en vehículo automotor (IPP 18046-25).
La madre del joven relató a este medio que el ingreso fue sorpresivo y violento. “Me levanté por el ruido y me apuntaron con un arma, me decían que me tire al piso”, contó. Según dijo, los efectivos irrumpieron sin golpear previamente: “Entraron a la fuerza y me rompieron el picaporte”.
La mujer afirmó que no le explicaron en ese momento el motivo del allanamiento. “No me dijeron por qué venían. Recién me leyeron el acta cuando ya estaba todo dado vuelta”, señaló. En la casa dormían dos de sus hijas, de 17 y 6 años. “A la más grande la levantaron de los brazos de la cama. La más chica estaba aterrada”, lamentó.
Consultada sobre la actividad de su hijo, reconoció que él “estaba con el tema de las picadas” y que manejaba “una página” vinculada a esos encuentros. Aun así, insistió en que nadie le informó formalmente la razón de la medida judicial: “Me enteré después, cuando ustedes me lo dijeron. En la orden no decía nada de eso”.
Sobre las consecuencias que podría enfrentar González, la mujer dijo temer nuevas intervenciones: “Me dijeron que no era la primera ni la última vez que iban a venir”.
El material secuestrado será peritado por la fiscalía para intentar identificar a otros presuntos participantes, organizadores o promotores de las pruebas ilegales de velocidad registradas en barrios La Cañada y La Reserva. Este tipo de delitos contempla penas de hasta 3 años de prisión.
