Coronel Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica tras la denuncia penal presentada contra el intendente Ricardo Moccero, a quien acusan de abuso de autoridad luego de cuestionar públicamente un control de alcoholemia realizado por la Policía a la salida de una jineteada. La presentación judicial fue impulsada por Omar Gadea, quien pidió que se investigue el accionar del jefe comunal y sus consecuencias institucionales.
El conflicto se originó el último fin de semana, cuando Moccero expresó su rechazo a un operativo de alcoholemia realizado en horario vespertino, al considerar “inoportuna” la franja horaria elegida. En ese contexto, el intendente lanzó una frase que generó fuerte repudio: “Los gauchos no toman Coca-Cola ni jugo”, en alusión al consumo de alcohol durante el evento tradicionalista. Además, solicitó el apartamiento del teniente Guevara, señalado como responsable del operativo.
Para Gadea, esas declaraciones y decisiones exceden el marco de las atribuciones del intendente. “El primer delito que comete Moccero es abuso de autoridad. No puede ir contra una ley, no es el dueño de Coronel Suárez”, sostuvo. Y agregó: “Está violando la legislación provincial, la ley del deporte y la ley de alcohol cero. La ley es una sola y es para todos”.
El denunciante remarcó que el jefe comunal no puede interferir en procedimientos policiales ni responsabilizar a la fuerza por cumplir con la normativa vigente. “No puede echarle la culpa a la Policía. Si hay algo que revisar, existen canales institucionales. Pedir que saquen a un efectivo de su lugar de trabajo es gravísimo”, afirmó, al tiempo que reclamó que el oficial apartado regrese a su destino original, donde tiene a su familia.
Gadea explicó que decidió avanzar con la denuncia ante la Fiscalía de Bahía Blanca como ciudadano, ante la imposibilidad —según indicó— de que lo haga el propio efectivo policial. “El policía no puede denunciar a su superior político. Por eso lo hago yo, porque no tengo nada que ocultar y porque alguien tiene que poner un límite”, señaló. También apuntó contra la falta de reacción de otros organismos locales: “Ni los concejales ni otros funcionarios tomaron cartas en el asunto”.
La causa quedó radicada en la Justicia, que deberá analizar si las expresiones públicas del intendente y su intervención posterior configuran un delito penal. Mientras tanto, familiares y amigos de víctimas de siniestros viales reiteraron su preocupación por el mensaje que se transmite al cuestionar controles preventivos. “Si no se respeta la ley, cualquier campaña de seguridad vial pierde sentido”, advirtió Gadea.
