En medio del debate nacional por la modificación del régimen penal juvenil y la posible baja de la edad de imputabilidad, la jueza del fuero penal juvenil Natalia Giombi planteó su preocupación por el enfoque que está tomando la discusión pública y advirtió que la seguridad no puede abordarse únicamente desde el castigo a los menores. Según explicó, el principal interrogante para quienes trabajan en el sistema judicial juvenil es cómo se implementará el nuevo régimen y con qué recursos contará el Estado para hacerlo.
“Para nosotros esto no significa lo más importante, pero sí lo que más nos preocupa es qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a implementar este nuevo régimen penal juvenil. ¿Con qué recursos?”, señaló la magistrada al referirse al proyecto que busca modificar el actual sistema. En ese sentido, explicó que la discusión pública parece haberse concentrado exclusivamente en la edad de imputabilidad. “Parece ser como que la única solución posible es esto de bajar la edad”, afirmó.
Giombi también cuestionó una de las percepciones más instaladas en el debate social, vinculada a la participación de adolescentes en delitos violentos. “Uno cree o quizás lo que se ve es que los homicidios o los robos graves son los delitos más reiterados en esta franja etaria. Y debo decir que esto no es así”, aseguró. Según explicó, la realidad del fuero penal juvenil muestra otro tipo de problemáticas. “Hoy por hoy los delitos que mayormente tenemos en el foro de responsabilidad penal juvenil son aquellos delitos contra la integridad sexual, por ejemplo”, indicó.
La jueza remarcó que el tratamiento de estos casos requiere un abordaje complejo y especializado. “No es cualquier cosa trabajar con personas adolescentes en este tipo de conductas”, sostuvo, y subrayó la importancia de contar con dispositivos adecuados para el tratamiento de los jóvenes que cometen delitos.
En ese sentido, insistió en que cualquier modificación del sistema debe contemplar infraestructura y programas de intervención. “Todo lo que tiene que ver con los lugares de alojamiento, los programas que hay que brindarle a esta persona que infringe la ley, programas de atención que tienen que ver con otorgar la posibilidad de que este chico no vuelva a cometer el delito”, explicó.
Giombi también se refirió al concepto de resocialización, que suele generar críticas en el debate público. “Cuando uno dice que se los quiere resocializar o que la sociedad entiende que es imposible, lo cierto es que la finalidad es que no vuelvan a cometer delitos”, aclaró.
Finalmente, la magistrada sostuvo que el problema de la inseguridad no puede reducirse al comportamiento de los menores. “La problemática de la seguridad no es la problemática de la niñez y adolescencia. Hay otras cuestiones que requiere nuestra niñez y nuestra adolescencia que el Estado debe responder”, afirmó. En esa línea, consideró que la discusión debe ser más amplia y profunda. “El debate tiene que ir más allá. La sociedad tiene que debatir qué hacemos con estos chicos y chicas que están en este tipo de situaciones”, concluyó.
