El Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca condenó a Mauro Atilio Leopoldo Pepe Siarria y a Guillermo Raúl Topfer a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, además de una multa, por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la participación organizada de tres o más personas.
En el mismo fallo, Fernando David Topfer recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, junto con una multa y el cumplimiento de reglas de conducta, tras ser hallado culpable del delito de tenencia simple de estupefacientes.
La resolución se basó en un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía y las defensas, en el que los imputados admitieron los hechos y su participación. El hecho ocurrio en la madrugada del viernes 18 de octubre del año 2024, antes de las 4.30, personal de la Gendarmería que controla el Puesto Zoofitosanitario del kilómetro 714 de la ruta 3 sur
Según se acreditó en la causa, Pepe Siarria y Guillermo Raúl Topfer participaron en el transporte de aproximadamente 97,8 kilogramos de marihuana. El primero conducía el vehículo que trasladaba la sustancia, mientras que el segundo actuaba como “puntero”, alertando sobre posibles controles policiales.
En cuanto a Fernando David Topfer, si bien se secuestraron estupefacientes en su domicilio, la fiscalía modificó la calificación inicial al considerar que no había pruebas suficientes para sostener la intención de comercialización ni su integración en una estructura organizada. Por este motivo, fue condenado por tenencia simple.
Al momento de fijar las penas, se tuvieron en cuenta atenuantes como la aceptación de los hechos y la falta de antecedentes penales en el caso de Pepe Siarria y Guillermo Raúl Topfer, así como el reconocimiento de responsabilidad por parte de Fernando David Topfer.
El tribunal dispuso además mantener la prisión domiciliaria para Pepe Siarria mientras persistan las condiciones que la justifican, y estableció para Fernando David Topfer reglas de conducta que incluyen la abstención del consumo de estupefacientes y alcohol, junto con la obligación de someterse a tratamiento por adicciones.
Finalmente, se ordenó el decomiso de los teléfonos celulares secuestrados y la destrucción de la droga incautada.
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