El Gobierno nacional y los docentes universitarios tuvieron este jueves un nuevo encuentro paritario que terminó en fracaso. La oferta salarial que elevó Capital Humano, la misma que en la primera reunión, fue rechazada por completo por los gremios que, en las próximas horas, profundizarán su plan de lucha con paros.
La propuesta oficial fue otra vez de un 3% de aumento en septiembre y 3% en octubre, sin cambios con respecto a la del encuentro pasado, por lo que la reunión en el Palacio Pizzurno terminó a los pocos minutos.
Además de esperar una oferta superadora, los integrantes de los sindicatos solicitaron los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario: es decir, una recomposición del 32,5% que perdieron los salarios durante los primeros años de la administración nacional de Javier Milei.
La reunión se dio en medio de un nuevo paro docente que se suma a unos 30 días sin clases en lo que va del año. La protesta es llevada adelante por el Frente Sindical de Universidades (Conadu, Conadu Histórica, Ctera, UDA, FEDUN, CEA y Fagdut), además de la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Frente a esto, los gremios definirán en las próximas horas una nueva medida de fuerza (está en estudio un paro de 48 horas). Sin embargo, desde el Gobierno cuestiona las cifras solicitadas por las agrupaciones docentes y no docentes al afirmar que la aplicación total de la ley todavía no fue ordenada por la Justicia. Los voceros oficiales sostienen que la cautelar habilitó ajustes en becas y salarios, y que el aumento previsto para octubre deja la remuneración por encima de lo establecido en el fallo.
Universidades y Presupuesto 2027
El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Ejecutivo asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario.
