Siete imputados en la denominada “Bobinas Blancas” fueron condenados este mediodía por el Tribunal Oral Federal, a cumplir penas de entre 5 y 15 años, al cabo del debate que tuvo varios semanas de duración, con motivo de la pandemia, las distancias y la complejidad del caso.
Las penas cayeron sobre Max Rodríguez Córdova, 15 años de prisión; Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva recibieron una pena de 14 años de cárcel. Los tres mexicanos fueron acusados de trafico de estupefacientesy almacenamiento agravado por participacion de tres o más personas
En tanto a los mendocinos Marcelo Rafael Cuello y Amílcar Darío Martino se les aplicó 6 años de prisión cada uno.
Emanuel García (el único que llego libre al juicio) fue sentenciado a 5 años, ordenando los jueces su inmediata detención, no obstante se espera que la defensa apele lo dictaminado a Casación Federal. Finalmente, Darío Cuello fue condenado a 5 años de prisión.
El Tribunal entendió probado que en un galpón ubicado en calle México, entre G. Mosconi y F. Ramírez, del Parque Industrial de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, se almacenaron 1375,896 kilogramos de cocaína, y que en otro galpón emplazado sobre la Ruta Nacional 40, en el partido de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, se almacenaron 486,21 kilogramos de cocaína.
La causa detalló la estructura de la organización y la forma en cómo, de acuerdo a las pruebas recabadas, ejecutaban las distintas maniobras para encubrir el tráfico internacional de estupefacientes y para inyectar en el mercado legal el dinero que provenía de tal ilícito. En ese sentido, explicó que eran los mexicanos quienes daban las órdenes hacia los hermanos Cuello y hacia Martino, mientras que García se comunicaba de manera directa con el máximo jefe de la organización, un ciudadano con el seudónimo “licenciado” que operaba desde el exterior.
Con respecto a los ciudadanos mexicanos Rodríguez Córdova, Acevedo Villanueva y Madrigal Vargas, el fiscal sostuvo que viajaron al país para cometer el hecho delictivo y que eran ellos quienes se encargaban de acondicionar los estupefacientes y de decidir cuándo y bajo qué forma la mercadería estaba en condiciones de ser exportada. Para ello recurrieron a mecanismos para eludir los controles, como el uso de nombres falsos.
En relación a los hermanos Cuello, que operaban en Mendoza, el fiscal describió que eran los encargados de administrar los galpones donde se guardaba la droga y de proveer el transporte y los traslados a los ciudadanos mexicanos. Al respecto, González Da Silva manifestó en la jornada de hoy que “estaban de manera permanente para cumplir con todos los pedidos, aunque sean extraños y justificados”, y recalcó que eran siempre controlados por los ciudadanos extranjeros.
Con respecto a Amílcar Darío Martino, involucrado en el trafico de drogas que operaba en la localidad de Quequén, el fiscal sostuvo que era el gerente general de la empresa “Can Trade Connections”, encargada en la importación de equipos y maquinas usada para acondicionar los estupefacientes. El fiscal añadió que el acusado se encargaba del traslado de la mercadería a Bahía Blanca y de realizar los trámites de exportación de las bobinas de acero, que actuaban como pantalla para el traslado de cocaína.
Además de ser el caso de mayor secuestro de estupefacientes en el país sobre una organización internacional dedicada al narcotráfico, el fiscal reiteró en sus distintas alocuciones la importancia del juicio por tratarse del primer antecedente jurisprudencial de lavado de dinero con criptomonedas.
De esta forma, ante el tribunal integrado por los jueces Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera y Pablo Díaz Lacava, remarcó que el operador de bitcoins, acusado de lavado de dinero, no actuó de manera accesoria a la banda sino que puso a disposición sus conocimientos y recursos para transferir los bienes en dinero efectivo para dárselos a los ciudadanos mexicanos con el objetivo de financiar el armado criminal. En ese sentido destacó que “cada transacción se pensó, se pactó, se dio inicio y se concretó de manera independiente a cada una de ellas, para cambiar bitcoins y seguir financiando a la banda que operaba en la Argentina”.
“En las distintas operaciones, García recibió bitcoins, los transformó y los entregó en dólares estadounidenses en al menos cinco fechas diferentes, actuando en diversas ocasiones con diferentes sujetos, más allá de que todos integraban las misma banda criminal”, acusó González Da Silva. Y agregó que “cada una de estas operaciones conservaban su individualidad y ninguna de ellas estaba sujeta o condicionada a una operación anterior o posterior, mas allá que se observó una mecánica y modalidad común”.
Los por menores y lectura de fundamentos se realizará el 4 de noviembre
PARTE DEL FALLO ESTE MEDIODIA
Esta entrada ha sido publicada el 9 de septiembre, 2021 15:49
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