El Tribunal en lo Criminal N.º 3 condenó a Rafael Antonio Flores Machuca a 6 años y 6 meses de prisión por extorsionar a un hombre mediante un engaño en el que simulaba ser un efectivo policial, en una causa que expone una modalidad delictiva cada vez más frecuente en entornos digitales. El imputado también fue hallado culpable por tentativa de extorsión y, debido a sus antecedentes, se dispuso la unificación de penas en 22 años de cumplimiento efectivo.
La investigación, llevada adelante por la UFIJ N.º 20 a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, se inició el 6 de junio de 2023, cuando la víctima denunció haber sido obligada a entregar dinero bajo amenazas. Según consta en la causa, el denunciante había iniciado contacto a través de Facebook con una supuesta mujer, con quien luego intercambió números telefónicos y mantuvo conversaciones de contenido sexual.
A partir de ese vínculo, recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por policía y le aseguró que la mujer era menor de edad y que había radicado una denuncia en su contra por grooming. Bajo ese argumento, y mediante intimidaciones, le exigieron dinero para “frenar” la supuesta causa judicial.
En ese contexto de presión, la víctima realizó tres transferencias por un total de 600.000 pesos a una cuenta vinculada al acusado. El temor generado por la amenaza fue clave para concretar la maniobra extorsiva.
El expediente también acreditó que el 28 de enero de 2025, el mismo imputado intentó repetir el mecanismo con la misma víctima, nuevamente simulando autoridad policial y exigiendo dinero para evitar avanzar con una falsa denuncia. En este caso, la maniobra no llegó a concretarse.
Las tareas investigativas permitieron identificar a Flores Machuca como autor de los hechos, quien al momento de ser vinculado a la causa ya se encontraba detenido en una unidad penitenciaria. La Justicia lo condenó por extorsión y tentativa de extorsión, y lo declaró reincidente debido a sus antecedentes penales.
El historial delictivo del condenado incluye una pena en 2021 por homicidio y otra en 2025 por delitos de defraudación mediante el uso ilícito de datos de tarjeta de crédito, además de otras tentativas de estafa y extorsión. En función de ello, el tribunal resolvió unificar todas las condenas en una pena única de 22 años de prisión efectiva.
