El juez Walter López da Silva procesó al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, por haber integrado la Triple A y participado en la toma de la Facultad local de la UTN que la patota comandada por Rodolfo Ponce realizó el 26 de agosto de 1974.

Al ex docente de la UNS se le trabó un embargo por tres millones de pesos y no se le dictó prisión preventiva. Montezanti había sido declarado en rebeldía por burlar en varias ocasiones los llamados a una indagatoria que se concretó en febrero de 2018.

Dos años y siete meses después, López da Silva lo calificó como «autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en concurso real con el delito constitutivo de lesa humanidad de intimidación pública».

El magistrado concluyó que los principales puntos de ataque de la Triple A eran los gremios y las organizaciones estudiantiles. «El programa de persecución se dirigía a la eliminación de un enemigo, conceptualizado como ‘apátrida’, ‘marxista’ o ‘subversivo’, buscando en cualquier expresión de activismo y oposición política en los ámbitos estudiantiles, sociales, culturales, políticos y gremiales».

«En ese contexto y bajo esa modalidad operativa sería donde el rol de Montezanti habría sido relevante para el logro de los objetivos dentro del entramado y organización de la asociación ilícita, tanto con su participación en la toma de la UTN como luego en calidad de Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 del Ejército Argentino, pues habría desempeñado actividades en los estratégicos ámbitos académicos y gremiales en los que la asociación desplegaba su accionar y desde donde habría efectuado sus aportes al plan», afirmó el juez.

La causa es impulsada por los fiscales Miguel Ángel Palazzani, José Nebbia y Pablo Fermento. Este último es quien lleva adelante la acusación en el debate oral en curso contra otros cuatro ex integrantes de la banda parapolicial.

López Da Silva indicó que Montezanti deberá «someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación», fijar un domicilio del cual no podrá ausentarse por más de 48 horas sin previa autorización y entregar sus pasaportes, dado que se sostiene la prohibición de su salida del país.

Fuente: DeLaCalle.Org