La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó este martes a la jueza María Gabriela Marrón al frente del expediente que investiga la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, ocurrida entre abril y agosto del año pasado al sur de Bahía Blanca.
En rigor, la Cámara, integrada de forma unipersonal por Pablo Larriera, rechazó el pedido de recusación que habían elevado los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en febrero pasado por considerar que la magistrada perdio imparcialidad en este caso. Para la mirada de los investigadores, Marrón no cumple con sus funciones ya que desestima cualquier otra posibilidad que no sea la que indica que Astudillo Castro se ahogó durante una inundación repentina mientras caminaba en el complicado cangrejal del estuario de Bahía Blanca.
Sin embargo, Larriera aseguró en el fallo que sostiene a Marrón en su cargo, “el Ministerio Público Fiscal no ha logrado demostrar a la fecha la existencia de elementos dirimentes objetivos ni subjetivos que abonen la posible afectación a la garantía constitucional de imparcialidad del juzgador, derivada del debido proceso legal y la defensa en juicio”.
Es decir, la Cámara no encontró pruebas en el reclamo de Heim y Azzolin que avalen la denuncia contra la titular del Juzgado Federal Nro. 2 de Bahía Blanca que ellos mismos hicieron y que, con anterioridad, también habían hecho los abogados de Cristina Castro, mamá del joven hallado muerto.La jueza María Gabriela Marrón, cuestionada por los fiscales del caso Facundo y por los abogados de la madre del joven hallado muerto en el estuario de Bahía Blanca, seguirá al frente de la causa
El principal cuestionamiento de los fiscales contra Marrón apunta al manejo polémico -a su juicio- que la magistrada tuvo respecto de medidas de prueba solicitadas en relación con la altura de la marea de los lugares donde fueron encontrados Facundo sin vida, su mochila, elemebtos personales, y un GPS que indicaba posicion distinta d eun patrullero
El estudio se encomendó al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y al Servicio de Hidrografía Naval (SHN). El 2 de febrero de pasado el IADO-CONICET, el SHN y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida – CERZOS (CONICET/UNS), presentaron el informe “Análisis de los niveles de inundación por marea en la zona interna del Canal Principal de Bahía Blanca”.
Los fiscales consideraron que el estudio no se correspondía a la totalidad de los puntos del peritaje y que presentaba irregularidades formales. El 5 de febrero reclamaron a los peritos que corrijan estas cuestiones y presenten un nuevo informe. El mismo día en que se presentó ese informe, en nombre del IADO se presentó también otro documento que, a criterio de los fiscales, era inusual: un integrante de una de las instituciones que debían hacer el peritaje había decido presentar un informe en el que se reflejaba un estudio de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes. El trabajo, además, sostenía hipótesis y arribaba a conclusiones que no se le habían solicitado sin contar con todos los elementos del caso, advirtieron Heim y Azzolin.
Los fiscales devolvieron el informe y le recordaron al científico que su actuación se debe ajustar a las directivas encomendadas expresamente. En ese mismo contexto, la jueza Marrón intimó a los fiscales a subir al sistema de gestión Lex100 el informe del IADO ordenado por esta parte, cosa que se hizo. Se excluyó, desde luego, el informe no ordenado y devuelto.La zona del estuario donde se halló el cadáver de Astudillo Castro
Para sorpresa de los fiscales, el 10 de febrero Marrón ordenó al IADO otro estudio de campo sobre el estuario de Bahía Blanca, argumentó que era complementario de la autopsia que ella había pedido sobre el cuerpo de Facundo. Y aclaró que eso no significaba ponerse en el lugar de los fiscales, que son quienes instruyen (investigan) la causa.
Ante esto, Azzolin -titular de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI)- y Heim -a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN)- pidieron la nulidad del informe y de la prueba ya que en el marco de la instrucción delegada les está vedado a los jueces adoptar medidas de oficio, ya que las mismas afectan la independencia del Ministerio Público y violan el debido proceso. Y entendieron que cuando un juez actúa de esa forma está, en los hechos, tomando a su cargo la investigación del caso.
Además, los fiscales consideraron que la decisión de la jueza de realizar ese estudio implicaba “cristalizar” su postura sobre el caso.Pero finalmente la Cámara, en el fallo de este martes, desistió de darle continuidad al pedido de apartamiento de los fiscales. Para Larreira, que Marrón haya pedido informes unilateralmente no la aleja de la imparcialidad: “La delegación no implica que el juez pierda la dirección del proceso y la decisión final en determinados temas”. Además, el camarista aclaró que “en razón de tratarse de una decisión fundada dictada en el marco de una causa bajo su ámbito jurisdiccional y relativa a una cuestión a su criterio relevante, desacredita la afirmada parcialidad, no consolidándose objetivamente las suspicacias que conduzcan a afirmar con fundamento que la Sra. Jueza no acude al criterio de juicio previsto por la ley”.
La “guerra” entre los fiscales y la jueza no comenzó en este pedido de recusación. Ya existen capítulos previos. La Cámara Federal de Apelaciones, de hecho, falló recientemente a favor de Heim y Azzolin, quienes pidieron realizar un nuevo allanamiento en el destacamento policial de la localidad de Teniente Origone (donde el año pasado se encontró un souvenir que, según la madre, era de Facundo y donde trabajaba la policía que dijo haber llevado a Facundo en su propio auto) que la jueza rechazó oportunamente.
Esa inspección se hizo en febrero pasado y se rescataron objetos que serán analizados, como un pedazo de piedra turmalina, trozos de una suela de zapatilla y material orgánico.
