El 19 de mayo de 2021, Gabriel García Gurrea desapareció. A los dos días, el primero en sospechar fue su jefe en la verdulería de Punta Alta donde trabajaba. Llamó a la familia y allí comenzó el drama.

“Lo llamé al teléfono y me atendió su pareja. Me dijo que habían discutido y se había ido, pero que estaba todo bien”, recordó la madre de Gabriel.  El día anterior, ambos habían estado en su casa, tomando mate, como cualquier tarde.  “No parecía que estuvieran peleados”, remarcó Cristina Gurrea. 

“Tibu” siguió sin aparecer y a la madre le extrañó que, tras la supuesta pelea, no hubiera vuelto a su casa, ubicada a tres cuadras del departamento en el que vivía con Pamela Antúnez (53). La sospecha creció cuando la pareja dejó de atenderle el teléfono y evitó encontrarse con ella. Así, tres días después de su desaparición, se decidió a hacer la denuncia.

Bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial 20, especializada en averiguación de paraderos, se ordenaron varios rastrillajes, incluso el departamento que ocupaban García Gurrea y Antúnez, en el microcentro bahiense. A la mujer y a un vecino del mismo edificio, Marcelo Alejandro Campetella (44), se les abrió en junio del año pasado un proceso por falso testimonio.

La búsqueda se extendió a un campo de Campetella y otros adyacentes, a las vías del tren que atraviesan la ciudad y hasta el estuario bahiense, pero no arrojó ningún resultado concreto. A fines de 2021, por presión de la familia que cada semana se moviliza para recordar el caso, la causa pasó a la Unidad Funcional de Instrucción Judicial 5, especializada en Homicidios.

En la fundamentación del cambio de jurisdicción, la Fiscalía General bahiense se refirió a una “clase de acuerdo” para desaparecer y matar a García Gurrea. Sin embargo, un año después, el caso sigue sin imputados.