En mayo de 2015, en la localidad de Coronel Pringles,  Gladys Cerdá olvidó el portón abierto del garaje de su casa y sus dos caniches, una hembra blanca y un macho de color apricot, se escaparon.

A través de diferentes medios, como afiches y publicaciones, trató sin suerte de localizarlos.

Al tiempo Gladys  identificó al macho (“Roco”) en poder de  Vilma Potis, pero ella nunca se lo quiso devolver porque decía que era otro caniche, de nombre “Lucio”.

Cerdá hizo la denuncia y allí empezó la batalla judicial.  Como consecuencia, después de realizar las denuncias correspondientes, se dictó prisión en suspenso a Potis.  “Terminó reconociendo que mintió cuando aludió a que lo compró y en definitiva, cuando se le reclamara el perro y siendo que aún en su versión lo había hallado perdido, nada justifica que no se hubiese avenido a dilucidar de quién era”.

Pruebas

Lo que llevó a probar que el perro era de Cerdá fue un examen de ADN que se cotejó con una cría de este perro que tenía la primera dueña.

“Se llevó toda una instrucción, análisis de A.D.N., imputación, elevación a juicio (con resolución de juzgado de Garantías y de Cámara por un pedido de nulidad), juicio oral y público para investigar la presunta estafa. Realmente considero que algo está fallando´, en cuanto al uso de las salidas alternativas a esta situación” opinó el miembro de la sala 1 de la cámara penal de apelaciones de Bahía Blanca.

En un primer momento, la jueza Correccional Nº 3, Susana González La Riva, había condenado a 6 meses de prisión en suspenso por estafa contra Gladys Beatriz Cerdá.

El camarista Guillermo Giambelluca había coincidido con la jueza de primera instancia, aunque sus colegas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou consideraron que había dudas que beneficiaban a Potis y de esa manera la absolvieron.