En una decisión que ha generado mucho ruido y enojo en Coronel Rosales, el intendente Rodrigo Aristimuño expresó su profunda preocupación por la no renovación de los contratos de al menos 70 civiles de la Armada.

En palabras del intendente, estas desvinculaciones afectan directamente a 70 familias, que se ven privadas de sus empleos con salarios promedio que rondan los 300,000 pesos. Esto implica una pérdida de más de 20 millones de pesos que dejan de circular en la economía local, impactando negativamente en el consumo y la estabilidad financiera de la región.

Según Aristimuño, las funciones desempeñadas por estos trabajadores eran diversas, abarcando áreas sensibles como medioambiente, higiene y mantenimiento.

El intendente expresó su frustración ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional, señalando que desde el miércoles ha intentado comunicarse sin éxito con el ministro Petri y otros funcionarios relevantes. Esta falta de diálogo y atención hacia los representantes locales refleja, según Aristimuño, una falta de respeto institucional hacia la democracia y los ciudadanos de Coronel Rosales.

En cuanto a la reinserción laboral de los trabajadores afectados, el intendente reconoció las dificultades inherentes a la situación económica actual, tanto a nivel nacional como local. Afirmó que, a pesar de los esfuerzos por promover la reconversión laboral, la realidad es que el mercado laboral no está en condiciones de absorber a estas 70 familias desplazadas.

Aristimuño también hizo hincapié en la situación financiera del municipio, destacando la baja de la coparticipación, el cierre de comercios y otros factores que han impactado negativamente en los ingresos locales. La necesidad de seguir brindando servicios a la comunidad con recursos cada vez más limitados representa un desafío adicional para la gestión municipal.