“Queremos que el vecino sepa en qué termina el bien secuestrado”: Punta Alta hará destrucción pública de escapes ruidosos

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales aprobó una ordenanza que obliga al municipio a realizar de forma pública la destrucción de los caños de escape antirreglamentarios secuestrados durante los controles de tránsito. La iniciativa fue impulsada por el bloque Bien Común y tiene como objetivos el orden urbano, la transparencia en el manejo de bienes secuestrados y la concientización ciudadana.

El concejal Daniel Medina, uno de los autores del proyecto, explicó que el carácter público de la destrucción “ya estaba previsto en la ordenanza original, pero no su difusión. Lo que buscamos es que haya control y que el vecino pueda ver qué pasa con los objetos que el municipio retiene”.

Medina sostuvo que uno de los ejes del proyecto es también mejorar el control sobre los corralones municipales, donde muchas veces se acumulan bienes sin inventario. “Hace tiempo venimos pidiendo al municipio que nos brinde un inventario de los bienes secuestrados. El problema es que no sabemos qué pasa con muchos de ellos. Ya hubo denuncias por objetos faltantes”, recordó el edil.

Además de dar un mensaje contra los ruidos molestos, la ordenanza apunta a evitar irregularidades con los bienes retenidos, como la posible reventa o desaparición. “Queremos evitar que algún vivo se aproveche de lo que está depositado en los corralones. La acumulación sin control genera riesgos y abre la puerta a hechos graves”, advirtió.

En cuanto al destino de los residuos generados, Medina recordó que el año pasado se votó una ordenanza que establece que lo recaudado por la compactación de vehículos o piezas secuestradas sea destinado al arreglo de calles y señalización.

Si bien celebró la aprobación de la norma, el concejal advirtió que la solución al problema excede lo local: “Este es un tema que requiere una política de Estado, porque pasa en todos lados. Es una problemática judicial, ambiental y urbana. Los objetos secuestrados se acumulan por años, contaminan, ocupan espacio y no se puede avanzar por trabas judiciales”.

Como parte de la ordenanza, el municipio deberá informar cuántos escapes se destruirán, cuántos operativos se realizaron, e invitar a los medios de comunicación a presenciar la destrucción.