En medio de la polémica por el secuestro de al menos 15 vehículos que prestaban servicios a través de la plataforma Uber en Punta Alta, el concejal de Bien Común, Daniel Medina, reclamó abrir el debate para regular la actividad y advirtió que “negar este tema solamente genera un problema más grande”.
En declaraciones a Siete Mundo, el edil sostuvo que su espacio ya había presentado en 2024 un proyecto de ordenanza para habilitar el funcionamiento de aplicaciones de transporte, en un contexto donde —según planteó— la realidad social y económica supera a la normativa vigente.
“La noticia repercutió en los medios locales y también en la región por este secuestro de vehículos que se estaban dando con la aplicación de Uber. Nosotros desde nuestro espacio, desde el año 2024, ya habíamos presentado un proyecto de ordenanza para habilitar el funcionamiento de las aplicaciones y dar ese debate”, afirmó.
En Punta Alta, como ocurre en distintas ciudades del interior del país, la actividad no está regulada. Sin embargo, en Bahía Blanca se aprobó una ordenanza a fines del año pasado que encuadra el transporte por plataformas, lo que para Medina marca un antecedente a tener en cuenta.
El concejal señaló que el actual sistema de taxis y remises, basado en el esquema de legajos, “viene desde hace más de 30 años” y consideró que hoy enfrenta dos variables centrales: la tecnología y la situación económica. “Hay personas que ya tienen el hábito del Uber incorporado y eso no lo podemos negar. Ya es un uso y costumbre novedoso que convive con la realidad”, explicó.
También remarcó que muchas familias encuentran en estas aplicaciones una fuente para complementar ingresos. “Hay docentes que a la mañana trabajan en una escuela y a la tarde trabajan de Uber, y personal militar en la misma situación. Tenés familias cuyos ingresos ya están abajo de la línea de pobreza. Eso también empuja una tensión”, describió.
En ese marco, planteó que los municipios deben discutir no sólo la habilitación del servicio sino también el esquema impositivo. “Tenemos que ver qué encuadre damos y cómo pueden convivir los sistemas. También qué carga tributaria cae sobre los remises que pagan distintas tasas municipales y tienen que competir contra estas aplicaciones”, sostuvo.
Respecto de los requisitos, como la antigüedad de los vehículos, Medina recordó la flexibilización aplicada durante la pandemia. “Cuando hay una situación económica más compleja, el Estado tiene que tener un equilibrio entre la exigencia de un parque automotor seguro y la atención de la gente que no puede renovarlo porque si no no come”, afirmó. Y agregó que la verificación técnica vehicular debería ser el parámetro central: “Si estás autorizado por la seguridad y por la revisión vehicular, deberías poder manejar”.
El edil advirtió que el conflicto no debe transformarse en una confrontación sectorial. “Yo creo que lo peor que podríamos hacer como legisladores y dirigentes es meter esto en un Boca-River, porque en realidad no es un Boca-River, es una pelea de una frasada corta en un contexto económico complicado”, señaló.
Además, alertó sobre la posibilidad de que el problema escale a nivel regional si no hay una estrategia coordinada con Bahía Blanca: “Si Punta Alta se pone muy riguroso, vamos a tener otra pelea nueva, que gente de Punta Alta vaya a Bahía y la gente de Bahía se enoje que hay Uber que vienen de Punta Alta”.
Finalmente, planteó que el debate de fondo es cómo se financia el Estado frente al avance tecnológico. “Este es un problema que va de plata, va de que el Estado tiene que cambiar su forma de recaudar. Quizás hay que empezar a bajarle las tasas a los remises y pensar cómo recuperar ese dinero por otro lado”, concluyó.
Esta entrada ha sido publicada el 25 de febrero, 2026 17:30
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