Durante la madrugada del domingo, personal policial llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de Boulevard 1 y 41 de Coronel Pringles. El lugar era objeto de vigilancia previa debido a la constante circulación de personas y movimientos compatibles con la comercialización de drogas bajo la modalidad de “pasamanos”.
Al momento de la irrupción, efectuada de manera rápida para evitar maniobras de evasión, el principal sospechoso —identificado como Omar Molina— intentó deshacerse de los estupefacientes arrojándolos al suelo.
Secuestro de elementos y situación en el lugar
Durante el procedimiento, los efectivos incautaron:
- 16,9 gramos de cocaína fraccionada y lista para su comercialización.
- $304.000 en efectivo.
- Un revólver calibre 22.
- Una balanza de precisión, bicarbonato de sodio (utilizado habitualmente como sustancia de corte) y documentación con anotaciones de interés para la causa.
- Dos teléfonos celulares y vehículos municipales de Pringles.
En el inmueble también se encontraba la pareja actual del sospechoso, quien cursa un embarazo de cinco meses. Desde la justicia no se descarta que sea citada a declarar en el marco de la investigación por la tenencia del arma de fuego.
El origen de la investigación
La causa se originó a partir de tres denuncias —una procedente de 2024 y acumulada con otras de 2025 y 2026—, varias de ellas de carácter anónimo. Estas alertas se vieron reforzadas por publicaciones y escraches en redes sociales que advertían sobre la actividad ilícita en el sector.
En relación al volumen de estupefacientes hallado, fuentes vinculadas al caso recordaron que en el ámbito del microtráfico es habitual el manejo de pequeñas cantidades para evitar grandes pérdidas ante eventuales operativos, reabasteciendo los puntos de venta de manera constante.
Próximas medidas judiciales
Molina permanece aprehendido y alojado en la sede de la Delegación de Drogas Ilícitas. Durante este lunes será sometido a la indagatoria formal por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, figuras penales que prevén penas de entre 4 y 15 años de prisión. La fiscalía ya requirió al juez de Garantías, Guillermo Gastón Mercuri, la conversión de la aprehensión en detención efectiva.
En paralelo, los dos dispositivos móviles secuestrados serán sometidos al sistema forense de extracción avanzada UFED para recuperar registros eliminados, llamadas y contactos. Estas pericias buscarán determinar la posible conexión con una red más amplia de comercialización y su eventual vinculación con episodios violentos registrados previamente en la zona.
