La iniciativa, que ahora deberá ser debatida por el Senado, deja sin efecto la actualización anual de los contratos y el indicador que rige en la actualidad (que promedia la evolución del IPC y el índice de variación salarial), que es realizado por el Banco Central.

El proyecto fue rechazado por 112 diputados, de los cuales 99 fueron aportados por el Frente de Todos (FDT), 4 por la izquierda, 3 libertarios y 2 del interbloque Federal; mientras que 3 legisladores se abstuvieron de votar (2 socialistas y una legisladora del FDT).

El proyecto de reforma aprobado este miércoles establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.

En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), o una combinación de dichos índices.