El alivio se hace presente en las palabras de Fernando Ferreyra al ver modificada la carátula de su caso. Para él, esta modificación representa un cambio significativo en la forma de encarar su defensa ante lo que él considera una falsa denuncia.

La diferencia crucial entre una falsa denuncia y un falso testimonio, señalando las consecuencias legales mucho más graves de este último. En el caso de un falso testimonio, el código penal establece penas de 1 a 10 años de prisión o reclusión, una perspectiva alarmante para quienes se enfrentan a acusaciones infundadas.

El drama legal de Ferreyra se remonta al año 2017, cuando se vio envuelto en una situación que, según él, carecía de fundamento. Aportando pruebas fílmicas a la División de Investigaciones de Punta Alta a través de un dispositivo celular, creía tener una defensa sólida. Sin embargo, el curso del proceso tomó un giro inesperado cuando, en 2021, fue detenido.

A pesar de la tranquilidad que le brindaban las pruebas presentadas, la detención se basó en pericias psicológicas que Ferreyra cuestionó. Para él, estas evaluaciones no reflejaron la realidad de los hechos y, por lo tanto, no deberían haber sido determinantes en su caso.

Ferreyra sostiene que la relación en cuestión era consensuada entre adultos, respaldando su afirmación con la participación activa de la otra parte, como señala la doctora Lara en el expediente. Incluso, indica que era común entre ellos documentar eventos de esta naturaleza, lo que indica un acuerdo previo.

Al preguntarle sobre los motivos detrás de la denuncia, Ferreyra sugiere que podría estar relacionada con sentimientos de despecho, ya que la denunciante mantenía una relación previa con un amigo suyo.

Para Fernando Ferreyra, la lucha contra la falsa denuncia es una batalla que va más allá del ámbito legal. Es un intento por restaurar su reputación y demostrar su inocencia ante acusaciones que él considera infundadas y motivadas por factores personales.