El secretario de Economía Municipal, Carlos De Vadillo, ha respondido a las críticas que generó la oposición con respecto a los aumentos considerables en las patentes municipalizadas.

El impuesto automotor es gestionado anualmente a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y se descentraliza para que cada municipio participe en el cobro. De Vadillo aclara que, aunque los municipios tienen una participación activa en la recaudación, las normas que rigen el impuesto son provinciales. Es decir, los municipios no pueden modificar libremente los montos, exenciones ni alícuotas establecidas por la legislación provincial.

Para el año 2024, la normativa provincial determina que el impuesto automotor se aplicará a vehículos fabricados entre los años 1990 y 2013. Esta decisión implica que los vehículos producidos antes de 1990 o después de 2013 están exentos de este tributo, según las disposiciones vigentes. Sin embargo, la inclusión de vehículos en estos rangos de años está sujeta a revisión anual, y De Vadillo menciona que se están llevando a cabo consultas con organismos competentes para evaluar posibles ajustes o excepciones.

Uno de los aspectos más técnicos y específicos de este impuesto es cómo se calculan las contribuciones basadas en la valuación de los vehículos. Para los automóviles con una valuación de hasta 6.500.000 pesos, el monto del impuesto no puede superar el 140% de lo tributado en el año anterior, es decir, en 2023. Para aquellos vehículos cuya valuación oscila entre 6.500.000 pesos y 18 millones de pesos, el límite se fija en el 200% del impuesto pagado en 2023.

Estos límites son estrictos y están diseñados para evitar incrementos desproporcionados en las cargas tributarias de los contribuyentes. De Vadillo destacó que estos topes son una medida taxativa y que los municipios deben respetar escrupulosamente las directrices provinciales al respecto.

Una diferencia clave mencionada por De Vadillo es el destino de los fondos recaudados. Cuando ARBA cobra el impuesto, los ingresos van a las arcas provinciales y luego se distribuyen entre los municipios a través de un proceso conocido como coparticipación. En cambio, cuando los municipios cobran directamente el impuesto, los fondos permanecen en las arcas municipales. No obstante, aunque el mecanismo de cobro varía, el impuesto sigue siendo el mismo y está sujeto a las mismas reglas y regulaciones provinciales.