En medio de una fuerte polémica por la clausura del geriátrico “Los Arcos”, un grupo de familiares de residentes presentó este martes una nota ante el Ministerio de Salud bonaerense para pedir que se revise la medida dispuesta por la Provincia. Aseguran que la decisión pone en riesgo la salud física y emocional de los adultos mayores internados en el lugar, muchos de los cuales no tendrían a dónde ser reubicados. “Nos dirigimos a las autoridades competentes con el fin de manifestar nuestra profunda preocupación y disconformidad frente a la clausura del lugar”, señalaron en la nota.
La resolución del Ministerio de Salud ordenó la clausura del establecimiento ubicado en calle Rayen al 200 por múltiples infracciones detectadas en inspecciones realizadas en mayo y julio. Entre ellas, se señalaron fallas graves como la falta de habilitación ministerial, ausencia de personal médico, carencia de historia clínica, medicamentos sin control, mobiliario en mal estado, y presencia de residentes no autoválidos sin personal adecuado.
Sin embargo, los familiares sostienen que la medida no contempla el impacto que el desarraigo podría generar. “Nuestros seres queridos sienten este lugar como su hogar”, remarcaron en el escrito. Agregaron que “la resolución se dicta sin garantizar una alternativa que cumpla con los requisitos legales, edilicios y económicos necesarios”.
El reclamo también advierte sobre la escasa capacidad del sistema local: en Bahía Blanca hay solo 11 residencias habilitadas, todas sin plazas disponibles, en una ciudad con casi 10.000 adultos mayores de más de 80 años según el INDEC. “La clausura no solo pone en riesgo el bienestar de los residentes, sino también su continuidad de atención”, señalaron.
En la presentación, los familiares pidieron a la Provincia que otorgue un “plazo razonable” para que la residencia subsane las observaciones y evite así un traslado “traumático e innecesario”. En caso de que se determine su cierre, exigen una reubicación segura, acompañada por asistencia médica, psicológica y logística.
El texto recuerda que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de las personas mayores según la Ley Nacional 27.360 y advierte sobre el “Síndrome de Estrés por Traslado”, con consecuencias ya documentadas.
