
El Gobierno nacional oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y avanzó con un nuevo esquema sanitario que divide la cobertura en dos organismos autárquicos: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente del Ministerio de Seguridad. La medida fue dispuesta mediante un decreto del Poder Ejecutivo, con el objetivo de afrontar una crisis financiera cuyo pasivo auditado ronda los 200.000 millones de pesos y afecta a más de 500.000 afiliados en todo el país.
Desde ATE Punta Alta, el dirigente Pablo Mendoza advirtió sobre el fuerte impacto que la decisión tiene en la región, en especial en Coronel Rosales y Bahía Blanca, donde una gran cantidad de familias dependen del sistema de salud vinculado a la Armada Argentina. “Estamos en una situación de expectativa, porque la gente necesita atención médica, laboratorio, kinesiología y acompañamiento terapéutico, y eso todavía no se pudo revertir”, afirmó.
Mendoza explicó que la nueva OSFA ya está formalmente en vigencia, tras la firma del decreto, pero aclaró que eso no implicó una normalización de los servicios. “Estamos hace más de un año prácticamente sin prestaciones. Las que no estaban hace diez días, hoy tampoco están”, sostuvo. En ese sentido, detalló que existen deudas de más de un año con prestadores, seis meses con colegios de farmacéuticos y bioquímicos, y atrasos superiores a tres meses con centros de salud locales, como el Hospital Italiano.
El referente sindical precisó que en Punta Alta hay unas 30.000 familias que dependen de OSFA, mientras que en Bahía Blanca son alrededor de 12.000, totalizando 42.000 familias afectadas en la región. “Si no ponen la plata, los más de 220.000 millones de pesos que deben, ningún sanatorio ni prestador te va a fiar seis meses o un año”, advirtió.
Según Mendoza, la falta de cobertura empujó la demanda hacia los hospitales públicos, generando un colapso del sistema. “No es lo mismo esperar por una aspirina que por una operación oncológica o una cirugía de riesgo de vida”, remarcó. También describió cómo se afrontan los casos más graves: “Si no fuera por voluntades personales de médicos, directores y trabajadores de la salud, mucha gente la estaría pasando muy mal. Hay familias que venden bienes, sacan préstamos o hacen rifas para poder atenderse”.
Por último, confirmó que desde ATE se iniciaron gestiones ante las nuevas autoridades. “Presentamos una nota solicitando una reunión con la máxima autoridad de OSFA y con el Ministerio de Defensa. Creemos que se pueden encontrar soluciones entre proveedores, usuarios, sindicatos y el Estado, pero hay que sentarse a trabajar y administrar bien los recursos”, señaló. Y agregó que “se tomaron malas decisiones que deberán ser investigadas, porque en este proceso hubo familias que la pasaron muy mal y personas que fallecieron”.
Esta entrada ha sido publicada el 10 de febrero, 2026 18:45
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