La investigación judicial por la tragedia ocurrida en el club Bahiense del Norte, donde el derrumbe de una estructura durante un temporal provocó 13 víctimas fatales y varios heridos de diversa gravedad el 16 de diciembre de 2023 en Bahía Blanca, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con siete allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares en el marco de una causa paralela por presunto encubrimiento y falso testimonio.
La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del juez Guillermo Mércuri, a pedido de la UFIJ N.º 7, encabezada por la fiscal Marina Lara, y se desprende de la causa principal que investiga el colapso de la estructura. La nueva línea de investigación surgió tras la aparición de un informe pericial en el que, según se sospecha, se habría incorporado información de manera irregular, presuntamente acordada entre varias personas.
El abogado querellante Jorge Otharán, representante de víctimas y familiares, confirmó que la medida era esperada por las partes damnificadas. “Era una medida esperada, porque nosotros hicimos un escrito peticionando esas medidas y otras medidas de prueba que consideramos útiles a la investigación y, afortunadamente, la fiscal acogió nuestro pedido”, sostuvo el letrado. En ese sentido, explicó que ahora será determinante el resultado de los análisis sobre los dispositivos secuestrados: “Habrá que esperar los resultados de las pericias para determinar si hay elementos que puedan servir para la causa”.
Según detalló Otharán, el objetivo principal del operativo fue secuestrar teléfonos celulares de las personas presuntamente involucradas para verificar si existió intercambio de mensajes que permitan acreditar maniobras de encubrimiento o declaraciones falsas en sede judicial. “Lo que nosotros pedimos fue que se secuestren los teléfonos de las personas cuyo accionar habría sido la causa por la cual se formó esta nueva denuncia y que se periten a efecto de determinar si hubo intercambio de mensajes de interés para la investigación”, explicó.
Consultado sobre el posible alcance de los allanamientos, el abogado indicó que, si bien no tuvo acceso a la resolución judicial, presume que los procedimientos podrían haber alcanzado a domicilios vinculados a peritos y directivos mencionados en actuaciones previas. “Entiendo que los domicilios que se allanaron tienen que haber sido el del perito oficial Enrique Gil, el del perito de parte del club, Horacio Varela, el de Darío Faure como miembro de la comisión directiva y quizás el del propio Ginóbili”, señaló, aunque aclaró que se trata de una apreciación preliminar.
Otharán también remarcó que durante los últimos meses se observó una aceleración en la investigación, luego de un comienzo que, según expresó, no tuvo la rapidez esperada por los familiares de las víctimas. “En un principio, la causa no avanzó como nosotros esperábamos, con la celeridad que creíamos que tenía que avanzar”, afirmó. Sin embargo, destacó el trabajo posterior del Ministerio Público Fiscal: “El año pasado la fiscalía trabajó intensamente, con mucha responsabilidad y profesionalismo, y eso fue lo que llevó a que a fines de año se descubran todos estos mensajes de una gravedad inusitada”.
La causa principal continúa enfocada en determinar las responsabilidades penales por el derrumbe fatal, mientras que esta derivación apunta a esclarecer si existieron maniobras destinadas a entorpecer la investigación judicial. El resultado de las pericias sobre los teléfonos secuestrados será ahora clave para definir los próximos pasos procesales.
Esta entrada ha sido publicada el 14 de abril, 2026 10:57
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