La polémica por los reiterados paros en las escuelas medias dependientes de la Universidad Nacional del Sur sumó un nuevo capítulo en Bahía Blanca. Un grupo de más de 250 padres y madres de alumnos avanzó con una denuncia penal federal para investigar si los docentes que adhieren a las medidas de fuerza continúan cobrando sus salarios completos sin que se registren las inasistencias correspondientes. La presentación apunta contra las autoridades del sistema educativo de la UNS y se da en medio de un conflicto que ya generó fuerte malestar entre las familias por la pérdida de días de clase.
Leonardo Valente, padre de un alumno y uno de los impulsores de la denuncia, sostuvo que el reclamo no cuestiona el derecho a huelga ni el pedido de mayor presupuesto universitario, sino el supuesto incumplimiento de los mecanismos administrativos vinculados al registro de ausencias. Según explicó, tras pedidos de acceso a la información pública realizados ante las escuelas, el Consejo de Enseñanza Media Superior y la propia Universidad, obtuvieron respuestas que indicarían que durante 2026 no hubo registros de inasistencias cargadas bajo el código de adhesión a paro en el sistema interno de personal.
El denunciante aseguró que esa situación impactaría directamente en la liquidación de haberes y remarcó que, mientras en otros ámbitos estatales y privados los días de paro se descuentan, en las escuelas medias universitarias los docentes habrían percibido sus salarios completos pese a las interrupciones de clases. En ese sentido, cuestionó la continuidad y frecuencia de las medidas de fuerza y afirmó que los principales perjudicados son los estudiantes. También señaló que muchos padres apoyan el reclamo salarial docente, pero consideran que debe existir un “equilibrio” entre el derecho a huelga y el derecho a la educación.
La denuncia menciona presuntas irregularidades que podrían encuadrarse en delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y defraudación contra la administración pública. Valente aclaró que la presentación no está dirigida contra directivos escolares sino contra quienes tienen la responsabilidad administrativa del sistema. Además, sostuvo que previamente intentaron abrir instancias de diálogo con las autoridades educativas, aunque aseguró que no encontraron respuestas satisfactorias.
El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión entre los gremios docentes universitarios y el Gobierno nacional por el financiamiento de las universidades públicas. Mientras ADUNS ratificó nuevas medidas de fuerza y denunció recortes presupuestarios, desde sectores de padres comenzaron a reclamar mecanismos que garanticen la continuidad pedagógica.
Esta entrada ha sido publicada el 26 de mayo, 2026 14:30
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