La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con una profunda reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) generó una fuerte reacción en la provincia de Buenos Aires, donde las autoridades confirmaron que no adherirán a la nueva normativa nacional. La medida abre un nuevo capítulo en la disputa entre la administración libertaria y el gobernador Axel Kicillof, esta vez en torno a los controles vehiculares y la seguridad vial.
La reforma, oficializada esta semana, habilita a que cualquier Taller de Revisión Técnica debidamente inscripto pueda realizar controles obligatorios a vehículos particulares y comerciales, eliminando el esquema actual de prestadores exclusivos. Además, establece la libertad de precios para la realización de las revisiones, permitiendo que cada taller defina sus valores.
Desde la Casa Rosada defendieron la iniciativa como una medida destinada a terminar con lo que consideran un monopolio de las plantas verificadoras. El Gobierno sostiene que la revisión técnica obligatoria continuará vigente y que el nuevo esquema ampliará la oferta de servicios, fomentará la competencia y reducirá costos para los usuarios.
Sin embargo, en territorio bonaerense la respuesta fue contundente. El ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, confirmó que la Provincia mantendrá el sistema actual al considerar que la VTV constituye una herramienta clave para la prevención de accidentes y la detección temprana de fallas mecánicas. Además, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y advirtió sobre los riesgos de flexibilizar controles en un contexto de deterioro de rutas y caminos.
El gobierno bonaerense también puso el foco en la necesidad de preservar mecanismos de fiscalización rigurosos. Según remarcaron desde la cartera de Transporte, durante los últimos meses fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas, una problemática que consideran central para garantizar la seguridad del sistema.
La polémica escaló aún más cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió al cruce de la postura provincial. El funcionario defendió la reforma al señalar que la revisión técnica seguirá siendo obligatoria y afirmó que el verdadero debate pasa por eliminar privilegios y abrir el mercado a nuevos prestadores que cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la normativa nacional.
Mientras tanto, otras provincias analizan con cautela los alcances de la medida. Santa Fe estudia una posible adhesión parcial para preservar las tarifas reguladas y los estándares de control vigentes, mientras que Santa Cruz recordó que la implementación efectiva dependerá de la decisión que adopte cada jurisdicción. En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires ya comenzó a debatir un proyecto alineado con la reforma nacional que propone ampliar los talleres habilitados y liberar los precios del servicio. Así, la discusión por la VTV se convirtió en un nuevo escenario de tensión política entre Nación y provincias, con la seguridad vial, los costos para los conductores y el control estatal como ejes centrales del debate.
Esta entrada ha sido publicada el 4 de junio, 2026 10:20
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