La investigación por la muerte del abogado Juan Cafazo, ocurrida mientras realizaba actividad física en el gimnasio Soport Club, ingresó en una etapa decisiva con el inicio de una ronda de declaraciones testimoniales impulsada por la Fiscalía que conduce Christian Aguilar. Más de 20 personas que se encontraban en el lugar al momento del hecho o que trabajaban en el establecimiento comenzarán a prestar testimonio para aportar nuevos elementos a la causa.
Según se informó, la investigación ya cuenta con diversas medidas de prueba realizadas en los días posteriores al fallecimiento, entre ellas pericias efectuadas en el gimnasio, registros de cámaras de seguridad y documentación vinculada al funcionamiento del establecimiento. Ahora, la incorporación de testimonios buscará fortalecer las líneas investigativas y permitir una reconstrucción más precisa de las circunstancias que derivaron en la tragedia.
La causa se tramita bajo la figura de homicidio culposo, aunque desde la Fiscalía no descartan que la calificación pueda modificarse en función de los elementos que surjan durante el avance de la investigación. Por el momento no existen personas imputadas, aunque las declaraciones serán determinantes para establecer posibles responsabilidades entre los propietarios y quienes tenían funciones dentro del gimnasio.
Uno de los ejes centrales de la pesquisa está relacionado con las condiciones de seguridad del lugar. Las primeras inspecciones realizadas tras el hecho permitieron detectar importantes deficiencias en el sector donde ocurrió la caída fatal. Los investigadores analizan si las instalaciones respetaban los planos originales y si existieron modificaciones estructurales posteriores que pudieran haber afectado las condiciones de seguridad.
En ese sentido, la Fiscalía solicitó la intervención de la Asesoría Pericial y requirió colaboración al Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur para analizar la documentación técnica y contrastarla con la construcción existente. El objetivo es determinar si la estructura presentaba irregularidades y si estas pudieron influir en el desenlace fatal.
Otro aspecto bajo análisis es la situación administrativa del gimnasio. La investigación incluye el relevamiento de documentación municipal vinculada a las habilitaciones del establecimiento. Entre los elementos incorporados a la causa figura una habilitación provisoria que habría vencido en enero y que, según trascendió, estaba siendo objeto de intimaciones y trámites administrativos al momento de producirse el hecho.
Además de preservar el lugar para la realización de pericias, la clausura preventiva del gimnasio respondió a la necesidad de evitar nuevos riesgos para los usuarios, teniendo en cuenta las falencias detectadas durante las inspecciones. El establecimiento, que contaba con entre 3.500 y 4.000 clientes y había ampliado recientemente su oferta de servicios deportivos y gastronómicos, era uno de los espacios más concurridos de la ciudad.
Con el avance de las declaraciones testimoniales, la Fiscalía buscará determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los integrantes de la sociedad que administraba el gimnasio, así como de las personas encargadas de las tareas cotidianas dentro del predio. Los próximos días serán claves para definir el rumbo de una investigación que busca esclarecer las circunstancias de una muerte que conmocionó a Bahía Blanca.
Esta entrada ha sido publicada el 18 de junio, 2026 15:30
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