La jueza federal de Garantías de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, dispuso la prisión preventiva por 180 días para cinco hombres detenidos entre el 8 y el 9 de agosto en una investigación por tráfico internacional de cocaína. Los procedimientos se realizaron en el río Paraná, a la altura de San Nicolás, y en distintos domicilios de Ramallo y otras localidades bonaerenses, donde se secuestraron 499 kilos de cocaína.
La medida fue adoptada durante una audiencia de formalización de la investigación solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Los acusados fueron señalados como integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y a una modalidad conocida como “rip-off” o contaminación de carga, que consiste en trasladar droga hasta buques de gran porte para intentar introducirla clandestinamente en embarcaciones con destino internacional.
Entre los detenidos se encuentran Damián Andrés Leyria, Antonio Gustavo Straccia, Jorge Eduardo Ayala y Jorge Alberto Miño. Un quinto imputado, identificado por sus iniciales S.D.S., permanece también bajo prisión preventiva.
Los cinco fueron imputados como coautores de contrabando de exportación triplemente agravado y tráfico de estupefacientes, en las modalidades de transporte y almacenamiento, agravado por la intervención de tres o más personas.
La causa se inició en enero de 2026, a partir del hallazgo de un bolso estanco con aproximadamente 35 kilos de cocaína en la costa de Monte Hermoso.
El 2 de enero, un grupo de guardavidas que realizaba un entrenamiento en inmediaciones del Camping Americano, en la zona de la Reserva Natural Pehuén Co-Monte Hermoso, encontró el bolso en la orilla. Los peritajes determinaron que contenía ladrillos de cocaína con una pureza superior al 70%.
A partir de ese hallazgo, la fiscalía comenzó a reconstruir la logística utilizada para transportar la droga. Una de las hipótesis fue que los estupefacientes habían sido trasladados en una embarcación menor para intentar introducirlos en un buque de mayor porte con destino internacional.
La fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Patricia Cisnero, explicó durante la audiencia que esa modalidad es conocida como “rip-off” o contaminación de carga y consiste en acercar una embarcación menor a un buque de gran porte para introducir la droga mediante un sistema de izado.
La pesquisa detectó además que el imputado S.D.S. había comprado el 18 de marzo de 2025 un total de 25 bolsos estancos de 80 litros, similares a los utilizados para transportar la cocaína.
También se identificaron adquisiciones de elementos vinculados con actividades náuticas y de navegación, entre ellos dispositivos de comunicación y localización satelital, un motor eléctrico, una envasadora al vacío, un malacate, una balanza y elementos de seguridad naval.
El análisis de comunicaciones, movimientos y registros de geolocalización permitió establecer vínculos entre los investigados y detectar desplazamientos hacia distintas localidades de la costa del río Paraná.
Durante las últimas semanas, los investigadores detectaron movimientos que, según la fiscalía, eran compatibles con la preparación de una nueva operación.
El 7 de agosto fueron observados movimientos entre Ramallo y distintos puntos de la costa del río Paraná. En una de las vigilancias, los investigadores detectaron que tres hombres acoplaban un tráiler a una camioneta Ford Ranger que trasladaba una embarcación semirrígida denominada “Gran Brack”.
Ante la sospecha de que estaba por concretarse una nueva maniobra de contaminación de un buque, el 8 de agosto se ordenó interceptar la embarcación.
La Prefectura Naval Argentina la localizó alrededor de las 22.30, en el kilómetro 351 del río Paraná, en jurisdicción de San Nicolás. A bordo viajaban Jorge Eduardo Ayala, Damián Andrés Leyria, Antonio Gustavo Straccia y Jorge Alberto Miño.
En la embarcación había siete bolsos estancos, cada uno con aproximadamente 35 paquetes. Los reactivos de campo dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína y el peso total de la droga fue estimado en 232 kilos.
También fueron secuestrados teléfonos celulares, un teléfono satelital, dinero en efectivo y elementos que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, podían ser utilizados para izar los bolsos hacia una embarcación de mayor porte.
Luego de la interceptación de la embarcación, la jueza autorizó cinco allanamientos que fueron realizados el 9 de agosto.
En un domicilio de Ramallo vinculado con Jorge Eduardo Ayala, los investigadores encontraron otros ocho bolsos estancos de 80 litros en el garaje. En su interior había ladrillos de cocaína con un peso total aproximado de 267 kilos.
De esta manera, entre la droga encontrada en la embarcación y la secuestrada en el domicilio de Ramallo, los procedimientos permitieron incautar 499 kilos de cocaína, prácticamente media tonelada.
Los restantes allanamientos se realizaron en una cabaña del complejo Recreo de Cabañas Costa de Ramallo, en un inmueble de la calle Buenos Aires de esa localidad, en la vivienda de Damián Andrés Leyria en La Reja, partido de Moreno, y en el domicilio de Antonio Gustavo Straccia en Bernal Oeste.
Durante esos procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, documentación, anotaciones, equipos de navegación y localización, un GPS, un visor nocturno, un motor eléctrico y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Durante la audiencia, el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, sostuvo que se trata de “una verdadera organización narcocriminal, con una clara y persistente duración en el tiempo, con una logística importante, tanto de recursos materiales como económicos”.
El fiscal agregó que se trata de una organización con presencia y capacidad de operación en distintas jurisdicciones del país.
Iglesias también hizo referencia al valor que podría alcanzar la droga según el destino. Según estimó durante la audiencia, los casi 500 kilos de cocaína representarían al menos 2,5 millones de dólares en una zona portuaria bonaerense. Si el cargamento llegara a Europa, el valor podría superar los 16 millones de dólares, mientras que en otro continente más lejano podría alcanzar los 45 millones de dólares.
La fiscalía había solicitado la prisión preventiva por 180 días al considerar que la libertad de los imputados podía poner en riesgo la investigación, tanto por un eventual peligro de fuga como por la posibilidad de entorpecer la producción de nuevas pruebas.
Entre los elementos considerados se encuentran los antecedentes penales de dos de los imputados. Según expuso el fiscal Iglesias, Damián Andrés Leyria había sido condenado a una pena única de 16 años de prisión por el Tribunal en lo Criminal N°1 de Junín y durante el cumplimiento de esa pena había incumplido las condiciones de sus salidas transitorias y permanecido prófugo durante un año.
Respecto de Antonio Gustavo Straccia, la fiscalía indicó que registra una condena a dos años y dos meses de prisión por tenencia ilegal de arma de guerra y que, ante una eventual nueva condena, podría ser declarado reincidente.
Al resolver, la jueza Marrón consideró que se trata de una maniobra de “importante envergadura” y remarcó que la investigación todavía se encuentra en una etapa inicial.
La magistrada señaló que aún deben realizarse peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados y otras medidas destinadas a determinar con mayor precisión los roles de cada imputado y establecer si existen otros integrantes de la organización.
También consideró que la libertad de los acusados podría afectar el avance de la investigación y valoró el riesgo de fuga, teniendo en cuenta los antecedentes de algunos imputados, la elevada pena en expectativa y las características de la maniobra investigada.
Por esos motivos, Marrón ordenó que los cinco permanezcan en prisión preventiva durante 180 días corridos, hasta el 7 de febrero de 2027, coincidiendo con el plazo establecido para la investigación preparatoria.
Además, autorizó nuevos peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados, ratificó los secuestros de vehículos y embarcaciones y dispuso la inhibición general de bienes de los cinco imputados.
Con información de fiscales.gob.ar
Esta entrada ha sido publicada el 12 de agosto, 2026 08:51
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