A casi tres décadas del doble homicidio de Irina Laura Montoya y María Dolores Sánchez, ocurrido en 1998 sobre la ruta 33, cerca de García del Río, la Justicia confirmó parcialmente la responsabilidad civil de Eduardo Fermín Eliçabe y extendió la condena al empresario de seguridad que lo había contratado. Ambos deberán afrontar un resarcimiento superior a los $21 millones, más intereses.
Irina tenía 24 años y viajaba haciendo dedo hacia la Patagonia cuando fue atacada junto a María Dolores. Por el crimen, Eliçabe fue condenado en la Justicia penal y la Corte Suprema confirmó esa condena en 2006. En paralelo, la familia de Irina había iniciado alrededor del año 2000 una demanda civil por daños y perjuicios.
El abogado de la familia, Alejandro Vecchi, explicó que la demanda no apuntó solamente contra el autor material del crimen. “Este es un juicio que se inició alrededor del año 2000. Es un juicio civil por daños y perjuicios, además del juicio penal por el que fue condenado Eliçabe”, señaló.
Según detalló Vecchi, el reclamo también alcanzó al empresario Soria, dueño de una agencia de seguridad que tenía contratado a Eliçabe, y al Estado provincial, a través de la Fiscalía de Estado, por las responsabilidades vinculadas con el control de la actividad.
El letrado explicó que, al momento del doble homicidio, la empresa de seguridad se encontraba con una notificación de inhabilitación en curso. “La empresa de seguridad del señor Soria estaba con una disposición administrativa de inhabilitación”, afirmó.
De acuerdo con su explicación, durante esos días se intentó notificar la medida, pero el Ministerio de Seguridad no habría tomado las medidas necesarias para impedir que la agencia continuara funcionando. Vecchi sostuvo que entre las cuestiones que debían controlarse estaba la habilitación de Eliçabe, sus antecedentes laborales y si se encontraba autorizado a portar un arma.
“Si el Estado hubiera actuado en su momento, consideró la familia y así nosotros lo pusimos en la demanda, es muy posible que hoy no estuviéramos hablando de este crimen”, sostuvo el abogado.
La resolución de la Cámara Civil y Comercial no contempló la responsabilidad del Estado provincial. Por ese motivo, Vecchi anticipó que la familia apelará el fallo y llevará el planteo ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
“Todavía no hemos hecho un análisis de los argumentos de la sentencia de la Cámara de Bahía Blanca. Obviamente que la vamos a apelar”, afirmó. Y agregó: “La sentencia no considera la responsabilidad del Estado, obviamente que la sentencia solamente le da responsabilidad a Soria y Eliçabe y nosotros no estamos de acuerdo con eso”.
Para el abogado, el tiempo transcurrido desde el crimen constituye uno de los aspectos más graves del proceso. Recordó que la condena penal contra Eliçabe quedó firme en 2006 y que recién ahora se resolvió esta causa civil.
“Es una exageración la cantidad de tiempo”, sostuvo Vecchi. En ese sentido, remarcó que la familia lleva décadas esperando una respuesta judicial y cuestionó los plazos de la administración de justicia.
El abogado también destacó que el reclamo civil no tiene como principal objetivo una compensación económica. “Esto se hace por una cuestión de justicia y por una cuestión de no dejar impune a los funcionarios públicos que autorizaron a que funcione una agencia trucha, que era trucha al momento de que mataron a las chicas”, afirmó.
Vecchi mantiene una relación cercana con los padres de Irina y contó que habló con ellos tras conocerse la resolución. Según relató, la mamá de Irina, Mari Montoya, definió el fallo como “una caricia” para su hija.
A lo largo de la entrevista, el abogado también recordó las circunstancias de la investigación del doble homicidio. Señaló que buena parte de las pruebas que permitieron avanzar contra Eliçabe no surgieron de la escena del crimen, sino de declaraciones testimoniales y elementos encontrados posteriormente.
En ese contexto mencionó al camionero Acuña, uno de los primeros testigos vinculados con la investigación, y recordó que inicialmente había sido señalado por un testigo que había visto a las jóvenes en una estación de servicio. Vecchi explicó que posteriormente las pruebas permitieron establecer la responsabilidad de Eliçabe.
Entre los elementos mencionados durante la investigación, destacó que en la casa de Eliçabe se encontraron fotografías de las jóvenes y la cámara fotográfica relacionada con el caso.
Vecchi también cuestionó las deficiencias que, según su mirada, quedaron expuestas en la investigación y sostuvo que muchas veces los procedimientos de seguridad se modifican recién después de hechos graves.
“Muchas veces hace falta un estrago, hace falta un hecho terrible, hace falta un crimen o varios crímenes para que se pongan de manifiesto estas cosas”, expresó.
A casi 30 años del asesinato de Irina Montoya y María Dolores Sánchez, la causa vuelve a tener un capítulo judicial, esta vez en el ámbito civil. La familia consiguió que la responsabilidad alcanzara a Eliçabe y al empresario que lo había contratado, pero ahora buscará que la Justicia provincial revise también la responsabilidad que atribuye al Estado bonaerense.
