Más allá de los avances en materia de derecho humanos y protección de las personas LGBT+, en 69 estados miembros de las Naciones Unidas se castiga con prisión o incluso hasta la muerte a quienes tengan relaciones sexuales con personas del mismo sexo.
El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A partir de ese momento, comenzó a celebrarse el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género.
“Con educación, concientización, capacitación, la implementación de políticas públicas y la aprobación de leyes respetuosas e inclusivas es que tenemos que seguir luchando por un mundo sin discriminación, el que nos merecemos todas la personas”, sostiene Pedro Paradiso Sottile, Director Ejecutivo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales; Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC) a TN.com.ar.
Según el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), “a pesar de los avances considerables en la protección legal de las personas lesbianas, gays y bisexuales, 69 Estados miembros de la ONU continúan penalizando los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo”.
En el documento publicado en diciembre de 2020, ILGA Mundo informa que además han podido verificar que “al menos 34 Estados miembros de la ONU han implementado activamente las leyes de criminalización durante los últimos cinco años, pero el número posiblemente sea mucho mayor”.
En ese sentido, Sottile explica que la situación actual es muy similar a la que reflejaba el informe “Homofobia de estado”, publicado en diciembre de 2020: “Ha sido muy complejo todo, más allá del Covid-19 porque la pandemia que más impacta en nuestra población es la del estigma, la discriminación, el odio y la exclusión. Es histórica y letal porque lleva a la muerte de muchas personas LGBTIQ+ en el mundo”.
Sobre este flagelo que sufren las personas de la diversidad, Sottile destaca: “Lo que más ha quedado expuesto en este contexto internacional es la exclusión de muchos de los derechos humanos básicos. Se puede distinguir la violencia contra el colectivo en muchísimos países donde se criminaliza la homosexualidad con castigos, prisión, torturas y hasta la muerte”.
En ese sentido, Julia Ehrt, Directora de Programas de ILGA Mundo aseguró en el informe que muchos quedaron luchando por sobrevivir en un mundo que se ha vuelto aún más desigual y violento: “Algunos gobiernos se aprovecharon de estas circunstancias y redoblaron sus esfuerzos para oprimirnos, perseguirnos, convertirnos en chivos expiatorios y discriminarnos violentamente. En muchos lugares donde las leyes ya eran una causa de desigualdad, las cosas solo han empeorado”.
Solo por mencionar algunas situaciones de violencia, en el documento se hace referencia a las mal llamadas ”zonas libres de personas LGBT”, que proliferaron en Polonia; Indonesia trató de dar un nuevo impulso a las “terapias de conversión” y dos prohibiciones a nivel estatal fueron revocadas en Florida, Estados Unidos.
De los 193 Estados miembros de la ONU, 69 todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Además, están tipificados como delito en un territorio no independiente (Islas Cook, Nueva Zelanda) y en determinadas jurisdicciones dentro de dos Estados miembros de la ONU (Gaza en Palestina y determinadas provincias en Indonesia).
En Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria -solo 12 estados del norte-, Arabia Saudita y Yemen, la pena de muerte es el castigo legalmente prescrito para los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.
Por otra parte, en Afganistán, Pakistán, Qatar, Somalia (incluida Somalilandia) y los Emiratos Árabes Unidos la pena de muerte podría imponerse potencialmente por actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo (pero en el informe destacan que hay menos certeza jurídica sobre la situación).
Además, del documento se desprende que “al menos 42 Estados miembros de la ONU tienen barreras legales a la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género”.
Por último, destacan que 51 Estados miembros de la ONU tienen barreras legales para la formación, establecimiento o registro de ONG que trabajan en temas relacionados con la diversidad sexual y de género.
Sobre estos puntos, Sottile resalta: “Son muchos los lugares donde es cotidiana la vulneraciones a los derechos humanos, sumado a los fundamentalismos políticos y religiosos que son cómplices de estas situaciones terribles que se viven y que la pandemia ha dejado en evidencia”.
Para el también presidente de la Fundación Igualdad, este panorama internacional golpea a distintas poblaciones vulneralizadas, que no encajan en el modelo hegemónico binario y heteropatriarcal que se impone históricamente en la mayoría de los rincones del mundo”.
Pese a las cifras preocupantes sobre la falta de políticas públicas y leyes que respeten los derechos humanos, se han producido avances: “En julio de 2020, Sudán derogó la pena de muerte para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo”.
A su vez, Alemania se ha convertido en uno de los 4 Estados miembros de la ONU que prohibieron las mal llamadas ‘terapias de conversión’ a nivel nacional, y más jurisdicciones en Australia, Canadá, México y Estados Unidos siguieron su ejemplo.
Con respecto al matrimonio igualitario, el documento señala que es una realidad en 28 Estados miembros de la ONU. Costa Rica fue el último en unirse a la lista, convirtiéndose en el primer país de Centroamérica en hacerlo”.
Con respecto a la discriminación laboral, a diciembre de 2020, 81 Estados miembros de la ONU tienen leyes que protegen a los trabajadores de ataques por motivos de orientación sexual. Hace 20 años, solo 15 países tenían.
Con respecto al matrimonio igualitario y la adopción, ILGA Mundo informa que 28 estados reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso una jurisdicción que no es miembro de la ONU -Taiwán- también ha legalizado el casamiento entre personas del mismo sexo.
Por otra parte, destaca que 34 Estados miembros de la ONU ofrecen unión civil para las parejas del mismo sexo y 28 tienen leyes de adopción conjunta.
Con respecto al trabajo de las organizaciones y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos, Sottile indica: “Hemos podido avanzar y trabajar fuertemente para tratar de, con amor, solidaridad e inclusión lograr mayor equidad e igualdad en cada lugar del mundo a pensar de las dificultades terribles”.
Por último, Paradiso Sottile, destaca la importancia de seguir trabajando fuertemente por los derechos de la comunidad LGBT+ en los diferentes países: “Más allá de que la Argentina es un país de vanguardia en relación a legislaciones y políticas públicas y un ejemplo para muchos organismos internacionales, nos sigue faltando mucho”.
Algunas de las cuestiones sobre las que hace hincapié son que aún está pendiente la reforma de la Ley Nacional Antidiscriminatoria, que no incluye la orientación sexual y la identidad de género y sus expresiones. “El tema del cumplimiento del cupo laboral travesti trans y más que nada, la importancia de visibilizar esa discriminación histórica a las personas trans con el pedido urgente de aparición con vida ya de Tehuel que demuestra la invisibilidad y la exclusión absoluta de varones trans incluso, en países como el nuestro. Por todo esto es indispensable la educación, el trabajo y la lucha colectiva”.
Fuente: TN
Esta entrada ha sido publicada el 17 de mayo, 2021 09:17
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