La herencia fiscal que el exministro de Economía, Martín Guzmán le dejó a su sucesora en el cargo, Silvina Batakis, la obligará a ejecutar la difícil tarea de ajustar el gasto para poder cumplir con la meta de déficit primario del 2,5% del PBI para este año que se acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esa meta que Guzmán suscribió con los directivos del Fondo Monetario a principios de este año implica una baja de 0,5% con relación al déficit de 2021, un objetivo que representa uno de los desafíos centrales para los primeros tiempos de la ministra. En sus primeras apariciones públicas al frente del Palacio de Hacienda, Batakis insistió con el equilibrio fiscal y la “solvencia del Estado”, pero para lograrlo, expresan los analistas, tendrá que lidiar con las internas del oficialismo.

“Los Estados no están para ahorrar porque las necesidades que tiene la gente son muchas, pero sí está para ser solvente”, dijo la funcionaria en su primera conferencia de prensa. Para Batakis, el déficit fiscal “es un instrumento de política económica” y puso como ejemplo los dos primeros años de la pandemia, cuando el Estado brindó asistencia al sector privado para el pago de salarios.

“La meta del 2,5% es prácticamente incumplible. Estamos ahora casi en el 2% del PBI y todavía faltan dos trimestres complicados para cerrar el año. Creo que en el mejor de los casos va a ser del 3%, similar al del año pasado”, estimó el economista Luis Palma Cané, en diálogo con TN.

Para reducir el déficit, según Palma Cané, la ministra podría “intentar” una baja del gasto, lo cual le representará un fuerte costo político. “Va a entrar en conflicto con el kirchnerismo duro”, alertó. También consideró la posibilidad de aumentar impuestos, aunque esa alternativa sería “una locura”.

Asimismo, el economista apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien sostiene que el déficit no es la causa de la inflación en la Argentina: “Decir eso es un error tremendo. Y más cuando estamos yendo a una inflación del 100% para este año, impulsada por una emisión descontrolada”.

Los números del primer semestre

Del análisis de la ejecución presupuestaria de la administración nacional correspondiente al primer semestre del año, se desprende que el sector público registró un déficit primario (sin contar los pagos de la deuda) de $1.395.180 millones y uno financiero de $1.922.347 millones, desmejorando ambos resultados en 92,1% y 51,8% interanual, respectivamente.

Esos datos, elaborados por la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), reflejan un déficit primario del 1,9% del PBI y un déficit financiero del 2,6% durante la primera mitad de 2022. Esos números son el resultado de una caída real de los ingresos totales contra una expansión de los gastos totales de 9,6% interanual, según el documento oficial.

La OPC aclaró además que debido a la menor recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario, que se aplicó durante 2021, los ingresos totales cayeron 0,4% interanual, pero si se omitiera el cómputo de ese ingreso excepcional por la pandemia, crecerían 4%. El llamado “impuesto a la riqueza” había generado ingresos superiores a los $144.000 millones en junio de 2021, pero doce meses después, por ese concepto, ingresaron al fisco $3.662 millones (un 69,4% menos).

En tanto, los gastos primarios crecieron un 10,7% en junio, principalmente por los subsidios energéticos, que registraron una suba del 38% con relación al primer semestre de 2021: son $764.483 millones. En este caso, el componente más significativo (68,2% del total) corresponde a las transferencias a la compañía Cammesa, debido en gran medida al aumento de la diferencia entre el costo mayorista de generación eléctrica y el precio promedio de las tarifas.

En tanto, las transferencias a la estatal Ieasa crecieron un 113% interanual, impulsadas por la suba de los precios de importación de gas natural de Bolivia y el gas natural licuado.

En el período de análisis, se observó también un aumento interanual del gasto en programas sociales (28,9%) en particular con las partidas destinadas a Potenciar Trabajo (57%), Políticas Alimentarias (21,9%) y Becas Progresar (197%). A eso se añadió el pago de un bono de $9.000 a trabajadores informales y monotributistas en mayo y junio. En cambio, las ayudas económicas a los beneficiarios del programa Repro II se redujeron 89,5%.

A los programas sociales fueron destinados casi $630.000 millones durante el primer semestre, según la OPC.

Por otra parte, esa Oficina detalló que al 30 de junio los gastos totales ascendieron a $7.244.098 millones, equivalentes al 44,1% del crédito presupuestario. Los rubros con mayor nivel de ejecución alcanzado fueron los gastos sociales (56,3%), las asignaciones familiares (47,3%), las pensiones no contributivas (47,2%, mismo porcentaje para los subsidios energéticos).

Los gastos de capital (que muestra la inversión que realiza el sector público en la actividad productiva) casi no tuvieron variaciones con relación al primer semestre del año pasado, ya que apenas crecieron 0,6%.

Riesgo de recesión

El FMI estimó que el gasto público creció 12,8% por encima de la inflación durante el primer semestre, por lo cual el Gobierno debería aplicar una reducción del 7,8% real en el segundo. Propone para lograrlo un recorte en los gastos de obra pública y en las partidas de jubilaciones y pensiones, equivalente al 0,4% del PBI en ambos casos. Eso permitiría equilibrar las subas en los subsidios en energía y en programas sociales.

Pero esa meta luce difícil de cumplir y Palma Cané estimó que el Fondo Monetario terminará ofreciendo un “waiver” a la Argentina para que el acuerdo que se firmó en marzo se mantenga vigente.

Todo, en un marco de “extrema dificultad”, como graficó el economista: “Tenemos una emisión descontrolada y un gasto que sube. A eso se suman los cupos para importar y la dificultad para acumular reservas. Rápidamente se está entrando en recesión”.

Por Gerardo Choren, especial para TN.

Fuente: TN