Es un dato oficial del Ministerio de Salud: 59.267 personas pudieron interrumpir su embarazo de manera legal en el sistema público entre enero y septiembre de 2022. La cifra abarca tanto las ILE (casos de violación, inviabilidad del feto o riesgo para la salud de la madre), como IVE: interrupciones voluntarias hasta la semana 14, es decir, los abortos legales que llegaron hace apenas dos años con la sanción de la Ley 27.610.

“No hay que ver los abortos como nacimientos que no ocurrieron porque no lo son. Son abortos clandestinos e inseguros evitados”, asegura Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.

Según el relevamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud el número es significativamente más bajo en el sector privado. Y también el método: el porcentaje de abortos con medicamentos apenas pasa el 30 por ciento mientras que en el sector público es el método principal.

“Más del 95% son abortos con medicamentos o que empiezan con medicamentos y requieren alguna aspiración que reemplaza al legrado, hoy es totalmente obsoleto”, marca Isla.

Misoprostol y un nuevo tratamiento

La mayoría de las mujeres que abortan lo hacen en sus casas, incluso si pasan por el sistema de salud. El aborto con pastillas es la práctica más común y en la Argentina solo está disponible el misoprostol.

Durante 2022, el Ministerio de Salud comenzó a distribuir lo que denomina “combipack”. “La mifepristona, junto con el misoprostol, es el tratamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud que tiene más del 97% de efectividad. Es más rápido y con menos dolor”, marca Islas. Todavía no disponible de manera comercial el objetivo del ministerio para 2023 es la producción pública del medicamento que ya avanza en Río Negro, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires.

Aborto legal en el hospital

Hoy son 1443 los hospitales y centros de salud que garantizan las interrupciones del embarazo. Casi un 60% más que los que lo hacían hasta 2020 cuando solo atendían los casos de ILE comprendidos por el fallo FAL.

“Dos años es muy poco tiempo”, insistió el jueves en el acto aniversario Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, y en rigor redactora principal del proyecto finalmente aprobado. Le hablaba a un auditorio feminista, lleno de activistas que trabajan para el cumplimiento del derecho pero que también denuncian su acceso desigual. Un reporte del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) marca problemas de información y calidad: desde el uso de prácticas médicas obsoletas como el legrado hasta la objeción de conciencia por fuera de la ley.

El Proyecto Mirar define este problema como “falta de transparencia activa”. Señala también la necesidad de campañas de comunicación pública. A un día del aniversario de la sanción, el Ministerio de Salud presentó una serie de spots, afiches y folletería para achicar esta brecha informativa. Desde el Ministerio de las Mujeres aseguraron que también planean una “campaña federal” a partir del 20 de febrero. El tiempo corre, pero con la ley a favor.

Socorristas presas: “Acompañar abortos no es delito”

Diciembre fue un mes convulsionado para los activismos: cuatro “socorristas” y una médica fueron detenidas en Villa María acusadas por “ejercicio ilegal de la medicina” y “encubrimiento”, respectivamente. Ambos ministerios salieron en apoyo de las detenidas bajo la consigna “Acompañar abortos no es delito”. Isla posó con la consigna y la ministra Mazzina presentó un escrito en apoyo a la defensa antes de la liberación.

¿Quiénes son las socorristas? Para empezar, un grupo multitudinario: más de 500 personas en diversas agrupaciones distribuidas en todo el país que funcionan como red de apoyo a personas que necesitan acceder al aborto. “No damos medicamentos, damos información”, aclara Eugenia Ferreiro, docente feminista, socorrista y parte de la red en Necochea.

Para muchos puede resultar sorprendente que estas redes sigan activas a pensar de la legalización de la práctica. “Porque los abortos acompañados son mejores que los abortos en soledad, porque acompañar abortos es salud y porque acompañar abortos es una necesidad cuando la implementación de la ley todavía no es pareja para todo el territorio nacional”, asegura Ferreiro.

El Ministerio de Salud cuenta con estas redes militantes. “Trabajamos en coordinación y articulamos porque creemos que realmente no hay que medicalizar el aborto, ponerlo dentro del parámetro médico hegemónico, sino hay que trabajar en red y en conjunto”, asegura Isla. A su cargo está también el 0800 22 3444 que recibe reclamos por negativas o problemas en la atención de abortos y que este año ha atendido más de 13 mil llamados. Las socorristas estiman que han acompañado al menos 10 mil casos.

Quiénes abortan en la Argentina

Preservativo vaginal, varilla subdérmica doble, pastillas, anillo, diu. Son 11 los métodos anticonceptivos de barrera, media o larga duración que deben ponerse a disposición de la persona que llega a abortar (o a parir o a cualquier instancia de atención de su salud sexual y reproductiva). Esta instancia no existía en los abortos clandestinos y es una instancia clave para evitar embarazos no intencionales.

La ley garantiza la discreción pero el estigma persiste, especialmente en las ciudades chicas o con contextos políticos o religiosos contrarios a la práctica. Sin embargo, la participación del Estado aporta nueva información. Asegura Isla: “Es una una sorpresa interesante mirar alguno de estos números porque en general quienes abortan son mujeres que ya han tenido hijos, de más de 25 y más de 30 también. Hay jóvenes, pero no son la mayoría”.

Fuente: TN