En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei dispuso un incremento en el presupuesto asignado a hospitales y centros de salud de alta complejidad, enfocado principalmente en establecimientos pediátricos, luego de confirmar que la Ley de Emergencia Pediátrica aprobada por el Congreso permanece suspendida en su ejecución.
Es preciso mencionar que, la decisión administrativa 29/2025, firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y publicada en el Boletín Oficial, modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2025 y estableció que sólo el ámbito de salud recibirá refuerzos, mientras que las demás jurisdicciones mantendrán los mismos fondos asignados desde 2023.
Según detalló Francos, el ajuste presupuestario incluye un refuerzo para el Ministerio de Salud que abarcará gastos operativos, sueldos y recursos para hospitales clave como el Hospital Garrahan, el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce – Dr. Néstor Carlos Kirchner”, el Hospital de Alta Complejidad S.A.M.I.C. “El Calafate”, el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner.
En el mismo escrito, el Gobierno nacional menciona otros organismos descentralizados como el Hospital Bonaparte, el Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, el Hospital Posadas, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”.
Aunque el programa de incremento presupuestario busca responder al reclamo por mayor financiamiento al sector pediátrico, el Gobierno advirtió que la aplicación plena de la ley de emergencia pediátrica, que ordenaba la asignación prioritaria de fondos al sector y la recomposición salarial del personal, incluyendo los residentes en formación, sigue suspendida hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
Según su estimación, el costo fiscal de la implementación de la ley de emergencia pediátrica ascendería a aproximadamente $196.270.000.000, un monto que el Ejecutivo considera “incompatible” con la actual capacidad presupuestaria, dado un déficit del Ministerio de Salud cercano a los $102.400.000.000.
En un contexto de suma tensión, el Ejecutivo justificó la suspensión de la norma al indicar que implicaría reasignar recursos que equivaldrían al 30% del total nacional destinado a medicamentos y tecnología sanitaria, y al 60% del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.
En este marco, Francos sostuvo que “el Poder Ejecutivo Nacional tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”, aunque aclaró que dicha atención se realizará mediante readecuaciones de partidas existentes sin necesidad de una nueva asignación votada. Así, el funcionario explicó que el incremento para hospitales se financiará mediante una disminución proporcional de créditos asignados a la jurisdicción 91 del Tesoro.
Cabe recordar que, tanto los sindicatos del sector como los trabajadores del Hospital Garrahan expresan su malestar por la demora en la puesta en marcha de la ley de emergencia pediátrica. Sólo este mes, por ejemplo, hubo movilizaciones convocadas desde el propio hospital hacia la Quinta de Olivos con el reclamo de que “si el Presidente y sus funcionarios no cumplen con la ley, no van a tener paz”.
En tanto, el giro presupuestario del Gobierno, aunque llega con demoras, representa un alivio parcial para el sistema público de salud, aunque los actores del sector advierten que la solución estructural depende de la plena ejecución de la ley. Mientras tanto, los hospitales deberán manejar los refuerzos en recursos disponibles, y adaptar su funcionamiento al nuevo esquema presupuestario.
El pasado 21 de octubre, el Gobierno nacional de Javier Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica en todo el país, pero postergó su aplicación por lo que ambas normas quedan sin efecto operativo a pesar de haber sido aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial.
La medida fue instrumentada a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, y difundidos en la madrugada de este martes. Según se desprende de los textos oficiales, el Poder Ejecutivo argumentó que la entrada en vigencia de las leyes generaría un impacto fiscal insostenible para las cuentas públicas en ausencia de partidas específicas.
Es preciso mencionar que, la Ley de Emergencia Pediátrica apunta a fortalecer las partidas para los hospitales infantiles, garantizar insumos y recomponer los salarios de los profesionales, además de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de especialidades críticas. En tanto, el Gobierno de Milei calculó que la puesta en marcha del régimen exigiría una inversión de $196.270 millones, un monto que supera la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Salud y que equivale al 30% del total nacional destinado a medicamentos y tecnología sanitaria.
Sin embargo, en los decretos la Casa Rosada remarcó que el Congreso “no identificó de manera expresa las fuentes de financiamiento” de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, lo que contraviene la Ley 24.156 de Administración Financiera, y sostuvo que “no se avanzará con la ejecución de ninguna de las dos normas” hasta que haya previsión presupuestaria definida.
Esta entrada ha sido publicada el 31 de octubre, 2025 16:39
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