El Gobierno nacional resolvió extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia en salud y el congelamiento de los aumentos en las contribuciones patronales que deben abonar los establecimientos educativos de gestión privada. Las decisiones fueron oficializadas a través de los decretos 942/2025 y 939/2025, publicados en el Boletín Oficial, tras el vencimiento de los plazos vigentes.
En el caso de la emergencia sanitaria, la prórroga llegó acompañada de modificaciones en las competencias del Ministerio de Salud de la Nación. Entre los cambios más relevantes, se habilitó formalmente la colaboración con el Ministerio de Seguridad para el desarrollo de un sistema de análisis de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica vinculada a productos sujetos a fiscalización.
Según lo establecido en el decreto, la cartera que conduce Mario Lugones participará en estrategias intersectoriales orientadas a la prevención y control del uso de sustancias químicas, así como en acciones de intercambio de información, coordinación operativa y fortalecimiento de mecanismos de control en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
La normativa también introdujo modificaciones en la Ley de Ministerios al sustituir el inciso 39 del artículo 23, asignando al Ministerio de Salud la responsabilidad exclusiva sobre el diseño, coordinación y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral. Asimismo, se le otorgó la conducción de los procesos de otorgamiento y control de pensiones por invalidez y otras prestaciones asociadas.
En ese sentido, el decreto 942/2025 confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De acuerdo con lo dispuesto, todos los compromisos, recursos y funciones que se encontraban bajo la órbita del organismo disuelto pasarán a depender del Ministerio de Lugones.
La decisión se apoyó en el informe final elaborado tras la intervención de la ANDIS, donde el Gobierno detectó un ecosistema tecnológico fragmentado, falta de interoperabilidad entre sistemas, duplicación de tareas y dificultades en la gestión del Certificado Único de Discapacidad, las pensiones no contributivas por invalidez laboral y el Programa Federal Incluir Salud.
Además, el Ejecutivo señaló la existencia de irregularidades en contrataciones y en la administración de gastos vinculados a insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad, particularmente en áreas vinculadas al acceso a los servicios de salud, lo que derivó en la centralización orgánica y funcional del área de discapacidad dentro del ministerio.
En paralelo, el Gobierno prorrogó el congelamiento de las contribuciones patronales que deben afrontar los colegios privados. La medida busca evitar un incremento en las partidas que las provincias destinan a estas instituciones, dado que el aporte estatal cubre no solo los salarios docentes sino también las cargas patronales correspondientes.
Desde el Ejecutivo explicaron que la prórroga del esquema vigente se enmarca en las facultades otorgadas por el artículo 24 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que habilita la extensión de estos alivios cuando la situación económica del sector así lo requiere y existen informes técnicos favorables de los ministerios de Educación y Economía.
En ese marco, los empleadores titulares de establecimientos incorporados a la enseñanza oficial, amparados por las Leyes N° 13.047 y N° 24.049, continuarán durante 2026 con las alícuotas de contribuciones patronales vigentes desde 2019, conforme al esquema previsto en la legislación de emergencia.
La normativa también advirtió que la aplicación plena del régimen previsto en el Capítulo 3 de la reforma tributaria hubiera generado incrementos más pronunciados en provincias alejadas de los grandes centros urbanos, profundizando desigualdades y afectando la prestación educativa en zonas socialmente más vulnerables.
Por último, el Gobierno sostuvo que el componente salarial, que incluye las contribuciones patronales, representa el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos privados, motivo por el cual la decisión apunta a preservar la continuidad del servicio educativo y evitar impactos adicionales en las economías familiares.
Esta entrada ha sido publicada el 2 de enero, 2026 11:49
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