El Tribunal Federal de Juicio de Bahía Blanca resolvió no autorizar el traslado del interno Martín Alejandro Garcés Hernández desde el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz al Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa, en la provincia de Neuquén.
La decisión fue adoptada luego de que la defensa del detenido manifestara su oposición a la medida, al señalar que su representado mantiene temores fundados vinculados a conflictos de convivencia que habría experimentado durante una anterior estadía en una unidad penitenciaria de Neuquén. En ese contexto, solicitó que fuera reubicado en otro establecimiento, preferentemente en la Colonia Penal U.4 de Santa Rosa, donde además podría continuar con sus estudios universitarios.
La situación se originó a partir de una comunicación del Servicio Penitenciario Federal, que informó sobre un operativo de redistribución de internos que incluía a Garcés Hernández. Posteriormente, por razones operativas, el traslado previsto fue reprogramado.
En su resolución, el Tribunal recordó que la asignación y distribución de las personas privadas de libertad constituye una facultad propia del Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, destacó que dicha competencia administrativa está sujeta a control judicial, especialmente cuando se trata de traslados a otra jurisdicción, los cuales requieren autorización de la autoridad judicial competente.
Asimismo, los magistrados señalaron que existe un criterio consolidado según el cual los internos deben ser alojados, en la medida de lo posible, en establecimientos cercanos a su lugar de residencia o al ámbito donde proyectan su futura reinserción social.
Al analizar el caso, el Tribunal valoró los argumentos expuestos por la defensa en relación con la protección de la integridad física del detenido, su disposición a ser trasladado a otra unidad y la conveniencia de prevenir eventuales conflictos de convivencia.
Por esos motivos, resolvió no prestar conformidad al traslado al Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. No obstante, dejó expresamente establecido que no se opone a que Garcés Hernández sea derivado a otra unidad del Servicio Penitenciario Federal.
En ese sentido, requirió a las autoridades penitenciarias que, dentro de las alternativas disponibles, contemplen un establecimiento que le permita continuar con su formación académica universitaria.
LA CONDENA
El 31 de agosto de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a 9 años de prisión a Garcés por encontrarlo culpable de vender drogas desde la cárcel de Villa Floresta.
La organización que el imputado comandaba desde su celda se desarticuló el 14 de julio de 2014.
Por entonces se encontraba privado de la libertad tras ser sentenciado a 12 AÑOS e disparar en el boliche Impacto Latno, que funcionaba en el salón céntrico del club Olimpo, e intentar matar a 2 personas.
