La nueva ley de Responsabilidad Penal Juvenil comenzó a regir el 5 de septiembre y plantea un nuevo escenario para el fuero en Bahía Blanca. La fiscal de Responsabilidad Juvenil, Dra. Betina Ungaro, explicó que la reforma amplía el universo de casos que deberán tramitarse y advirtió sobre la necesidad de contar con recursos específicos para afrontar su implementación.
Ungaro señaló que la normativa anterior databa de 1980 y que la nueva ley estableció un plazo de seis meses para que las provincias realizaran las adecuaciones necesarias. En el Departamento Judicial Bahía Blanca, según explicó, el trabajo continúa con el mismo plantel de personas.
“La ley implica una gran cantidad, un incremento, calculamos aproximadamente un 50% de causas”, sostuvo la fiscal. Según explicó, el aumento está relacionado tanto con la reducción de la edad a partir de la cual se pueden imputar delitos como con la ampliación de los delitos alcanzados por la normativa.
La mayor cantidad de expedientes también tendrá impacto en las etapas posteriores. “El incremento de causas a tramitar fundamentalmente por el Ministerio Público Fiscal y luego los juicios y las audiencias van a tener un incremento importante”, explicó Ungaro.
Uno de los principales desafíos planteados por la fiscal está relacionado con los recursos necesarios para aplicar la nueva normativa. “No hemos tenido ninguna noticia de recursos específicos para el fuero”, afirmó, y mencionó entre las necesidades el nombramiento de personal, los lugares de alojamiento para jóvenes y los operadores previstos por la ley.
En ese sentido, Ungaro planteó una cuestión que excede el inicio de las investigaciones: “La fiscalía va a iniciar causas, va a haber juicios, pero después, ¿qué pasa con esos menores? ¿A dónde va?”.
La fiscal aclaró que la aplicación de la normativa corresponde al Poder Judicial, mientras que la provisión de los recursos necesarios depende del Poder Ejecutivo. “El Poder Judicial únicamente lo que debe hacer es aplicar la ley y el Poder Ejecutivo es quien debe dar los recursos”, explicó.
En Bahía Blanca, el fuero comenzó a aplicar la nueva legislación desde el 5 de septiembre. Ungaro también se refirió al fallo de una jueza del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que había cuestionado la aplicación de la ley. Según explicó, esa resolución fue apelada y posteriormente revocada por una instancia superior, por lo que en Bahía Blanca continúan aplicando la normativa.
“Nosotros estamos obligados a aplicarla y a readecuarnos en la medida de lo posible”, señaló la fiscal, quien destacó que el fuero local cuenta con más de 15 años de experiencia y que los casos son abordados de manera individual.
Ungaro sostuvo que será necesario evaluar cuánto tiempo podrán sostenerse las condiciones actuales sin una ampliación de recursos. “Sería importante que se piensen los recursos porque no sé hasta qué momento vamos a poder hacerlo”, afirmó.
La fiscal también aclaró que la entrada en vigencia de la nueva ley no implica que todos los jóvenes involucrados en causas penales deban quedar privados de su libertad. “Por suerte no es alarmante la cantidad de jóvenes que quedan privados de la libertad porque la propia ley establece otro montón de alternativas que no es necesariamente la privación de la libertad”, explicó.
Sin embargo, advirtió que el escenario puede cambiar ante hechos de gravedad, cuando la Justicia deba evaluar una medida de privación de la libertad. “Cuando ocurren los hechos graves es cuando más alarmante es para toda la sociedad”, sostuvo.
