La tragedia ocurrida el pasado 16 de diciembre en el Club del Norte, donde la caída de un muro provocó la muerte de 13 personas, continúa generando interrogantes sobre las responsabilidades detrás del hecho. Según la fiscalía, el ingeniero que certificó la seguridad del edificio en 2016 es el principal apuntado en la investigación.
La fiscalía asegura que este profesional, Pablo Ascolani, contratado por el club para realizar los planos y tramitar la habilitación municipal, declaró en su momento que el inmueble reunía las condiciones necesarias de seguridad. Sin embargo, el muro de 11 metros de largo colapsó durante un temporal que alcanzó ráfagas de 155,6 km/h, un evento climático que el Servicio Meteorológico Nacional no había previsto con alerta roja.
“Si este ingeniero hubiera realizado estudios rigurosos, habría determinado que esa pared no era segura. Era su responsabilidad garantizar que cumpliera con los estándares necesarios”, afirmó el fiscal Cristian Aguilar. Además, enfatizó que, aunque el muro había resistido vientos intensos en el pasado, las condiciones del día del siniestro superaron ampliamente los registros históricos.
Tanto la comisión directiva del Club del Norte como el municipio han quedado fuera del foco de la investigación. Según Aguilar, la falta de alertas meteorológicas por parte de los organismos oficiales impidió prever la magnitud del temporal. Además, se sostiene que el club actuó en base a la certificación del ingeniero, lo que excluye una posible negligencia de su parte.
“Este caso no se trata de falta de protocolos municipales o responsabilidad del club. Ellos confiaron en un especialista que aseguró la seguridad del lugar”, declaró Aguilar.
El ingeniero imputado será citado a declarar en febrero del próximo año. Según el fiscal, la acusación podría derivar en un juicio oral, aunque descarta la posibilidad de prisión preventiva, ya que no existe peligro de fuga.
En caso de ser encontrado culpable, el ingeniero podría enfrentar hasta cinco años de prisión por delito culposo, al haber incumplido con el deber de diligencia que su profesión exige. Mientras tanto, la fiscalía considera que no queda nada pendiente en la recolección de pruebas y que se tomaron todas las medidas necesarias para avanzar hacia una resolución del caso.
La comunidad aún llora a las víctimas de esta tragedia, mientras se espera que la justicia determine si este desastre pudo haberse evitado.
